Cuando en noviembre pasado el gobierno decidió prorrogar por tres años más el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, no me gustó nada. Desde 1997 esa Oficina ha sido una piedra en el zapato y sus labores no han sido otras que las de “denunciar” lo que el propio gobierno denuncia, pero sin puntualizar lo positivo que se hace aquí en la materia.

El presidente Duque acaba de rechazar fuertemente el último informe de la Oficina, preparado obviamente en Colombia pero emitido en Ginebra bajo la firma de Michelle Bachelet. El informe se basa en lo que le soplan al representante las ONG’s que se supone que defienden los derechos humanos pero que son de clara tendencia izquierdista, al mejor estilo de Human Rights Watch. Duque dijo que es una intromisión en la soberanía del país y que falta a la verdad por acción y por omisión. Según la Cancillería, el Informe no es integral ni actualizado, ni está enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes. El Gobierno se queja de las críticas que hace sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en las que omitió información y desconoció los esfuerzos gubernamentales para desarrollarlo, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

De otro lado hay una clara interferencia en los asuntos internos cuando el Informe critica las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Según el Presidente, el organismo carece de competencia para ello que corresponde a las autoridades en el marco constitucional. El Informe sugiere, por ejemplo, que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior, "para fortalecer la capacidad institucional", con lo cual pretende enfrentar el “abuso” de la fuerza por parte del Esmad -que no lo ha habido- durante las protestas organizadas por la Fecode desde noviembre pasado. Pero ni una palabra “sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el Eln, los residuales, el Clan del Golfo y ‘Los Pelusos’.

En Colombia existe un gobierno elegido popularmente y no necesitamos que los representantes de la ONU pretendan cogobernar.

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Vargas Lleras y el satélite

Vargas Lleras criticó la posibilidad de instalar un satélite goestacionario, que él tasa en USD 350 millones, según el documento Conpes 3983 de enero 2020, que no da esa cifra. Dice Vargas que solamente proveería imágenes que se consiguen en el mercado por menos de dos millones. Según el documento “desde el punto de vista de la demanda, Colombia en el año 2018 adquirió servicios satelitales por un valor de USD 282 millones, donde, los servicios de comunicaciones representaron el 55 % del mercado (USD 155 millones), navegación el 44 % (USD 125 millones) e imágenes satelitales el 1 % (USD 1,68 millones)”, aunque no todos esos servicios se obtendrían con un satélite propio.

Se busca solamente “generar las condiciones habilitantes y el entorno institucional para que con una visión de largo plazo el sector espacial contribuya a la productividad, diversificación y sofisticación del aparato productivo del país” y “un entorno institucional que promueva la articulación entre actores e instancias y la eficiencia del gasto en servicios satelitales”. El Conpes estima el costo hasta diciembre de 2021 en 1.904 millones de pesos. No hay licitación ni nada que se le parezca.

Creo que vigilar un territorio cuyo 40% es selvático y está siendo deforestado y arrasado por la minería ilegal, y donde vuelan los oleoductos todos los días, es mucho más fácil con un satélite o con drones que con soldaditos de a pie.