Si bien es cierto el desafío que la pandemia le plantea a las finanzas del Gobierno central es gigantesco, el reto para las entidades territoriales no es menor. Acaso pudiera decirse que guardadas las proporciones es aún mayor.

A uno y a otras la emergencia les ha derrumbado sus recaudos tributarios; pero la capacidad de maniobra del Gobierno para enfrentar la emergencia vía un mayor endeudamiento es mayor que la que tienen los departamentos y municipios. Estos últimos reciben en primera línea las angustias de las familias afectadas por el desempleo. Y sus rentas son especialmente sensibles al confinamiento ciudadano y a la cerrazón del comercio.

Como lo ha señalado Mauricio Cabrera en un artículo reciente, durante abril de este año comparado con igual mes del año pasado, los ingresos de los departamentos desplomaron 45%. Cuando salgan los datos consolidados de los municipios las cifras serán todavía más inquietantes. Sus principales rentas han sido especialmente afectadas por el confinamiento (como el impuesto de industria y comercio), además de haber tenido que diferir el pago de impuestos tan importantes para la vida fiscal de los municipios como el predial.

Para Bogotá se calcula que a lo largo del 2020 la caída de los ingresos tributarios será del orden de un billón de pesos. Y la Alcaldía de la Capital calcula que el derrumbe del PIB local podrá estar este año entre el 4% y el 8%.
A todo lo anterior viene a sumarse la profunda crisis en que han caído los sistemas de transporte masivo, primero con el confinamiento ciudadano, y luego, cuando las actividades económicas empiezan a reactivarse, con el perentorio límite que se les ha impuesto por razones de salubridad del 35%.

Las cifras para el Transmilenio de Bogotá son bien elocuentes, pero seguramente las de las otras grandes ciudades donde existen sistemas de transporte masivo no difieren en gravedad. Se calcula que Transmilenio está perdiendo $43.000 millones por semana, lo que le abre un hueco en cifras anualizadas del orden de $ 800.000 millones. Faltante que viene siendo asumido por el llamado “fondo de estabilización tarifaria” que maneja el Distrito, pero que obviamente no aguantará mucho tiempo sin colapsar financieramente. A no ser que se renegocien los contratos que existen con los operadores que ganan por kilómetros recorridos así lleven una carga de pasajeros del 35%. Esta renegociación parece improbable.

El SITP está enfrentando igualmente una situación calamitosa. Algunas autoridades distritales han afirmado que como van las cosas, al Transmilenio y al SITP les queda combustible financiero hasta agosto. El Gobierno tendrá que ayudar a los sistemas de transporte masivo del país. Ya la alcaldesa de Bogotá mencionó que en el Palacio de Nariño le habían ofrecido algún tipo de cofinanciamiento ante tan grave emergencia. Ojalá se concrete pronto.
Pero el problema de los sistemas de transporte públicos es general. El confinamiento ciudadano les ha propinado un terrible golpe. La Unión Internacional de Transporte Público informa que los sistemas en Europa incurrirán este año en pérdidas tarifarias de €40.000 millones.

El Gobierno ha dictado dentro del marco de la emergencia algunas normas que van en ayuda de las entidades territoriales, la última de las cuales fue el decreto 678 del 2020. Esta norma les permite orientar rentas de destinación específica hacia necesidades urgentes; les da un plazo mayor a los créditos de tesorería; flexibiliza la ley 617 del 2000 para facilitar los procesos de endeudamiento y de atención a los gastos de funcionamiento, entre otras medidas. Pero son claramente insuficientes.

Casi todas las entidades territoriales tienen margen en la actualidad para aumentar sus índices de endeudamiento. Bogotá colocó exitosamente un bono de deuda pública por $600.000 millones. Pero si todas las grandes municipalidades salen al mismo tiempo al mercado habrá un gran desorden y muy probablemente las tasas de interés mostrarían una presión alcista inconveniente.

En Europa se viene discutiendo una figura denominada “mutualización de la deuda”, que consiste en que ante las grandes necesidades de recursos que esta emergencia plantea para los países miembros de la Unión Europea una sola entidad, el Banco Central Europeo, coloca los títulos de deuda pública que luego distribuiría entre los países miembros. La deuda finalmente queda en cabeza de los miembros pero se evita el desorden y que el mercado discrimine en cuanto a costos y condiciones entre unos países y otros.

Algo parecido podría pensarse para Colombia. El Gobierno colocaría al por mayor deuda pública que luego distribuiría entre las entidades territoriales que requieren afanosamente de recursos para hacerle frente a esta grave emergencia. La deuda queda en cabeza de las territoriales en la proporción que se defina. Pero se evita el desorden en que se caería si todas pretenden concurrir al mismo tiempo al mercado de deuda.

La situación fiscal que afronta tanto el Gobierno como las entidades territoriales es apremiante. Llegó el momento de pensar fórmulas imaginativas.