Escribo esta columna en memoria de Enrique Gaviria Liévano, amigo internacionalista con quien siempre tuve una relación respetuosa, aunque no siempre coincidente.

Las relaciones exteriores son, hoy por hoy, un campo vital para los Estados. Desde la Segunda Guerra el mundo se ha ido convirtiendo en lo que algunos han llamado la “aldea global”, pero que es más bien una telaraña en la que lo que sucede en cualquier parte repercute, con mayor o menor intensidad, en el resto de la tela.

Colombia no es, desde luego, ajena a ese fenómeno. Pero el ministerio del ramo se considera más bien un centro de diplomacia donde no se ha logrado imponer ni siquiera la carrera diplomática. En América Latina se lucen las cancillerías de Itamaraty y Torre Tagle, pero la de San Carlos no llega a ese nivel. De los últimos cuarenta ministros apenas si se salvan, por sus conocimientos y experiencia, cuatro o cinco.

Las decisiones se toman sin el debido estudio y sin consultar a los expertos. Por ejemplo: los votos por jueces internacionales (Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional y Ciadi) se deciden por compromisos con otros Estados y esos jueces son los que más adelante deciden contra Colombia. Otro: cuando la CIJ decidió contra Colombia en el caso de Nicaragua, el gobierno Santos, muy pomposo, nombró una “comisión de juristas” (solamente con dos internacionalistas) que rindió un concepto que no sirvió para nada porque no se siguieron sus recomendaciones.

Los presidentes no tienen generalmente los conocimientos suficientes y se pliegan a lo que dicen sus ministros porque, aunque algunos sean abogados, el derecho internacional público no es una materia importante en las universidades. Pero hay algo peor: en el Congreso y en los medios se opina sin fundamento y hay más “expertos en derechos humanos” que choferes de taxi. Siguen los ejemplos: Roy Barreras es “experto” en derecho internacional humanitario y sostiene que, si muere un menor de dieciocho años con camuflado y fusil al hombro en un bombardeo, se trata de un asesinato de un niño. O el expresidente Gaviria que cree que el partido Liberal puede demandar a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Santurbán.

Dos casos recientes me preocupan: el ministro del Ambiente, apoyado por unos personajes muy curiosos que se llaman a sí mismos “ambientalistas”, presenta al Congreso para aprobación el Acuerdo de Escazú. No sé si lo habrá leído y tampoco sé si la Ministra y el Presidente lo habrán hecho, pero lo dudo. Si lo hubieran estudiado se darían cuenta de que es un adefesio que atenta contra el desarrollo, que no protege el medio ambiente y que somete todos los proyectos futuros a una hipotética justicia internacional ambiental. Por eso los países importantes de América Latina lo han rechazado.

El ministro de las ciencias presenta al Congreso la aprobación del Tratado de 1967 (hace 53 años) sobre los Principios que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, con lo cual se renunciaría para siempre hasta a la esperanza de defender nuestra órbita geoestacionaria. Tampoco creo que lo entienda ni que le haya consultado a nadie sobre este tema. En 53 años no nos ha hecho falta y no veo por qué lo necesitamos ahora. La nota de presentación está llena de lugares comunes y generalizaciones por no decir inexactitudes.

Quizá es la hora, señor presidente, de que la Cancillería se haga cargo de sus funciones y ponga a sus “técnicos” a estudiar.