Las mazmorras colombianas

Dramática  la situación de la población carcelaria, verdadero atentado a los derechos humanos e imperdonable la desidia oficial. Según la Personería de Bogotá, en la cárcel Modelo de Bogotá, por ejemplo,hay un sobrecupo de 137%, “en celdas de cuatro metros cuadrados duermen, en promedio, ocho personas y en un corredor de unos 60 metros de largo, más de 100”. Lo más triste es que este no es un problema reciente sino que viene de larga data, seguramente ha sido una infortunada característica de nuestros centros de reclusión. Ya en 1995, es decir, hace 17 años, escribíamos en esta misma columna  “Una de las grandes manchas negras del Estado colombiano es el sistema carcelario. Nuestras prisiones son, en general, mazmorras donde se viola frecuentemente la dignidad humana. Dentro de ellas impera la ley de la selva y el dinero y la corrupción son amos” y de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y la Misión Internacional de la ONU de 2001 se desprende que buena parte de los centros de reclusión colombianos se han convertido en vulgares depósitos de personas, donde no hay lugar para la dignidad ni el respeto de los derechos humanos. Se afirma en este informe que en los establecimientos de reclusión impera “la corrupción, los maltratos y el desgobierno” y que allí “se violan los derechos a la vida y a la dignidad; a la integridad física y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la salud y la alimentación; a la educación, al trabajo y a la defensa”.  

Sin entrar en mayores detalles sobre la vergonzosa realidad de nuestras cárceles, donde la llamada resocialización es un chiste cruel, el informe exige del Estado la asignación inmediata de recursos para mejorar la infraestructura de los centros carcelarios que lo necesiten, “a fin de garantizar condiciones adecuadas de reclusión, incluyendo infraestructura sanitaria, acceso irrestricto a agua potable, espacios adecuados para dormitorios, enfermería, talleres, aulas, esparcimiento y visitas íntimas”. Ya en 1998 la Corte Constitucional, tan acuciosa en que sus decisiones sean acatadas como leyes de la República, mediante una decisión de tutela había dado al ejecutivo un plazo de cuatro años paragarantizar a los reclusos condiciones de vida dignas, lo que significa que nuestros gobernantes están en desacato desde 2002 sin que la Corte Constitucional los haya llamado al orden. Se ha hecho algo, pero ese algo, como las cárceles del año 2000 de Acacías y Valledupar, han sido insuficientes. Adicionalmente a nuevas prisiones hay que pensar en un sistema eficiente de libertad provisional, como el “sursis” en Francia o la “probation” en los países anglo-sajones. Y hay que controlar las cárceles, donde el dinero consigue desde licores importados y teléfonos celulares para los narcotraficantes, hasta bazuco para los atracadores callejeros. Las cárceles deben ser una prioridad humanitaria nacional.