Son muchas las voces que se han levantado en los últimos meses para opinar sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. La mayoría de ellas, particularmente las de los directamente afectados, están preocupadas por los empleos que desaparecían con su aterrizaje disruptivo, mientras a otras cuantas lo que las desvela es si la capacidad de juzgar los méritos de un caso es un acto susceptible de ser codificado en algoritmos o si, por el contrario, es una facultad reservada a los humanos. Aunque respetable, es posible que ambas corrientes estén perdiendo el foco de lo realmente importante, del campo de batalla donde se definirá el futuro de nuestra Ley.
Partamos de un supuesto, a mi juicio, inapelable: la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos judiciales es inevitable. Sucederá eventualmente, aunque de momento no es posible determinar en qué grado ni a qué velocidad, pues inicialmente podría simplemente redactar autos u oficios sencillos, pero el día de mañana bien podría sustanciar sentencias enteras o (¿por qué no?) resolver casos mecánicos como las caducidades o la falta de jurisdicción. Con esto en mente, la cuestión clave ya no radicará en el si sí o si no, ni tan siquiera en el cuándo, sino en el cómo.
Y es que recordemos que, como funciona actualmente, cualquier software de inteligencia artificial tiene que ser alimentado desde su configuración inicial con un paquete de información básico a partir del cual comenzará su labor de aprendizaje y optimización. Este paso originario es esencial para su desempeño posterior, pues de él dependerá en gran medida el proceso de análisis y la respuesta final que éste arroje ante los comandos que se le ordenen. De ahí que una porción nada despreciable de los académicos norteamericanos esté inquieta porque los prejuicios y sesgos ideológicos de los programadores terminen transferidos a sus creaciones.
Ahí está, entonces, lo que nadie se está preguntando: ¿Con qué teorías sobre la justicia vamos a alimentar a la inteligencia artificial en Colombia? ¿Le pondremos a leer la doctrina de autores conservadores o liberales? ¿Le enseñaremos que lo correcto es aplicar la Ley de forma exegética o que los textos legales son susceptibles de interpretación bajo un conjunto de principios? ¿Tendremos un solo software con una línea jurisprudencial estricta o permitiremos tantas versiones con criterios decisorios dispares como jueces existen hoy en día?
La respuesta no es tan fácil como hacer clic y cargarle todas las sentencias emitidas desde siempre por nuestras Altas Cortes, pues los fallos judiciales (alerta spoiler) no reflejan necesariamente lo que es la justicia, sino que sólo responden a la tendencia mayoritaria de un cuerpo colegiado o al juicio de valor de una persona en el momento en que tal cuestión específica se sometió a su voto. El cual, como suele pasar, puede cambiar con el tiempo e, incluso, llegar a contradecirse. Por ello, como nunca, es urgente abrir el debate sobre este tema, pues de él dependerá la credibilidad y, por ende, la supervivencia de nuestro sistema de administración de justicia en pleno.