Cuando comenzó esta pandemia, la administración municipal que parecía tener peligrosos sesgos populistas era la de Bogotá. Mientras que la de Medellín brillaba por su seriedad y aplomo. Con el correr de las semanas, y sobre todo a partir de los episodios desafortunados con la junta de EPM, los papeles parecen haberse invertido: ahora la que luce seria es Bogotá y la que muestra inquietantes perfiles populistas es Medellín.

En el mismo día en que estalló el maremágnum de renuncias de importantes juntas directivas en Medellín, que se justificaron por excesos imperiales del alcalde de la capital antioqueña que, se adujo por los renunciantes, rompió elementales principios del buen manejo corporativo, Bogotá salió con un programa que calificó, quizás muy ostentosamente, como un “Plan Marshall “. El cual, aunque ha suscitado críticas por parte de sectores del comercio, contiene una interesante mezcla de más endeudamiento del Distrito Capital, menos impuestos, y una serie de medidas para atacar los estragos de la pandemia. Se cambiaron súbitamente así los enfoques de nuestras dos principales ciudades frente al manejo de la pandemia.

Y a todas estas, ¿en qué anda el Gobierno central? La administración Duque se ha mostrado diligente en manejar lo que pudiéramos llamar el día a día de la pandemia. O sea, la primera generación de medidas. Pero sus visiones de lo que deba ser la segunda generación de medidas, es decir, el gran programa de reconstrucción de la economía y del empleo, sigue envuelto en una espesa nube de ambigüedad.

En el discurso presidencial del 20 de julio y en el mensaje con el que se acompañó el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2021, se menciona en términos muy generales que dicho programa tiene un costo de $100 billones; que busca generar un millón de empleos; y que se ejecutará en los estrechos dos años que le quedan a la administración Duque.

La gran pregunta es entonces: ¿se alcanzará a ejecutar semejante programa (que contiene fundamentalmente un ambicioso plan de obras de infraestructura) en lo que queda de este Gobierno? ¿Y, de donde saldrá esa gigantesca suma de 100 billones de pesos?

El aporte de recursos públicos será forzosamente limitado. Ya el Ministerio de Hacienda dijo que a partir de 2022 se disponía a retornar al estrecho margen de maniobra que permite la regla fiscal tradicional, y que el déficit público volverá del actual 8,1% al 2,2% del PIB que se tenía antes de que empezara la pandemia. Es decir, el plan financiero del Gobierno de ahora en adelante no contempla endeudamientos públicos de significación para financiar gasto público contra cíclico. Aunque en la audiencia que hubo en el Congreso para estudiar el presupuesto del año entrante el Ministro de Hacienda dijo que no descartaba aumentar el endeudamiento adicional, el empuje para financiar los gastos de pandemia con deuda pública adicional parece haberse agotado.

 De otro lado, el Gobierno ha desechado que al menos en el próximo año se hable de nuevas reformas tributarias. O sea, recursos tributarios incrementales de ahora en adelante -hasta que termine el gobierno Duque- tampoco son previsibles. La comisión de expertos internacionales que se instaló esta semana apenas estará presentando sus recomendaciones a mediados del año entrante. En buen romance: antes del 2022 no habrá reforma tributaria.

Así las cosas, el grueso del financiamiento de los cien billones de pesos en que se ha valorado el programa de reconstrucción tendrán forzosamente que provenir de fuentes privadas. Se ha conocido que el Gobierno estima que el 75% del valor del programa de reconstrucción saldrá de fuentes privadas y apenas un 25% de fuentes públicas.

Para que ello se vuelva realidad tendrán que acelerarse- cosa que no está sucediendo- el licenciamiento ambiental y los procesos de consulta previa de muchos proyectos que están paralizados (aunque hay que felicitar que el ministerio de minas y energía haya dicho recientemente que comenzará a hacer consultas previas “virtuales” para  desatascar algunos proyectos); habrá que reavivar el entusiasmo de la banca privada para financiar muchos emprendimientos de infraestructura; y muy importante: habrá que rodear de garantías y de seguridades jurídicas a los inversionistas privados, sin los cuales no va a ser posible sacar adelante la  reconstrucción de la economía.

Tarea gigantesca que choca con cualquier tipo de populismo facilista, si realmente se quiere diseñar políticas estructurales (más allá de las de primeros auxilios) que saquen a la economía y al empleo de la postración en que los dejará la pandemia.  Postración que revelan patéticamente las cifras del desplome del PIB (menos 15,7%) que se ha conocido para el segundo trimestre del 2020.