Según un informe de EL NUEVO SIGLO del 6 de octubre de 2020, Minciencias radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que aprobaría el Tratado Internacional sobre los Principios que deben regir las actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, suscrito en 1967, información basada en un boletín de Minciencias del 25 de septiembre.

De acuerdo con él, el proyecto fue trabajado entre Minciencias, la Cancillería (aunque no hay información similar en la web de este ministerio) y la Fuerza Aérea Colombiana y, al ratificarlo, Colombia podría “tener mayor acceso a procesos de investigación y transferencia de conocimiento y tecnología en temáticas espaciales, y fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas a través de la cooperación internacional”. Pero si uno estudia el tratado y mira la historia de los 53 años desde que se firmó, no hay nada que aporte a Colombia, distinto de que se renunciaría definitivamente a la pretendida soberanía de los Estados subyacentes a la órbita geoestacionaria, aquella área del espacio ultraterrestre donde se pueden instalar satélites fijos.

No voy a detenerme en la historia de amor y dolor de la tal soberanía que nunca prosperó por la sencilla razón de que los Estados subyacentes son solamente tres en América, nueve en África y uno en Asia, ninguno de los cuales tenía ni tiene la tecnología para lanzar satélites por su cuenta y riesgo, y, por supuesto, las demás naciones de la tierra no estaban dispuestas a renunciar a un recurso natural como ése que ha probado ser indispensable en el mundo moderno.

Unos 120 satélites, incluyendo mexicanos, brasileños y uno boliviano, están en órbita geoestacionaria en el hemisferio occidental, algunos ya desactivados por obsoletos, pero que siguen ocupando espacio. Los proyectos de un satélite colombiano fueron simplemente abandonados. Pero, además, en el actual estado de cosas, son innecesarios porque rápidamente caen en desuso y las grandes compañías prestan un servicio eficaz de telecomunicaciones y televisión.

En 1984 se propuso en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que Colombia planteara que los Estados subyacentes tuvieran un derecho preferencial y exclusivo de explotación de la órbita, a la manera de la zona económica exclusiva en el mar (esta tesis fue propuesta en 1971 por Kenya y rápidamente aceptada), lo que les hubiera permitido sacar un provecho económico de la misma. Pero nunca se le puso atención a esta idea o triunfaron los abanderados de la soberanía porque, según se dijo en aquella sesión de la Asesora, se perdían votos. Hoy, entre los 70°02’ y los 75°35’ que corresponderían a Colombia, campean al menos seis satélites (ninguno colombiano, uno brasileño) que no pagan un peso.

Según el Tratado “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.” De donde hay que concluir que al ratificar el tratado Colombia renunciaría definitivamente a su órbita, incluso al más mínimo derecho. Perdemos hasta la esperanza y no ganamos nada.

No sé si los “técnicos” gubernamentales han estudiado a fondo el problema, pero lo dudo.

Para vigilar la voladura de oleoductos, la minería ilegal y la deforestación e, incluso, el movimiento de las guerrillas, existen los drones, no los de juguete sino los de verdad que pueden volar más de 40 horas sin reabastecerse, son más baratos y estarían bajo nuestro control. ¿La Fuerza Aérea, que está en proceso de fabricarlos, habrá estudiado el tema? ¿Qué esperamos?