La Corte Constitucional usa la cabeza para ponerse el sombrero aunque ya no se usa. La decisión sobre las fotomultas es una de tantas que van contra la lógica y los intereses ciudadanos. Como es usual aún no se conoce el fallo porque la Corte decide por comunicado. Pero el ponente, Alejandro Linares, dice que la decisión hay que aplicarla desde ya.

Pero ¿en qué consiste?: las fotomultas se impondrán a las personas y no a los dueños de los vehículos, porque como dice otro genio, el senador Horacio Serpa, “los procesos sancionatorios se adelantan contra los verdaderos infractores”. Quiere decir que las infracciones cometidas por busetas (que a veces suman decenas), taxis y camiones quedarán en la impunidad porque en la mayoría de los casos los choferes no son los dueños de los vehículos. Pero aún en el caso de los vehículos particulares resulta, casi siempre, imposible identificar quién los conduce porque los sistemas de reconocimiento facial de que disponen las autoridades no tienen aquí ni en ninguna parte del mundo la precisión tecnológica necesaria. Y ni hablemos de los motociclistas a quienes se obliga a llevar casco.

Somos progresistas: en ninguna parte del mundo han implementado tan maravillosa idea. De aquí en adelante, como es prácticamente imposible identificar a la persona y el dueño siempre va a decir que él no conducía, la infracción quedará impune. Y si por cuenta del antiguo secretario de la inmovilidad, don Trancón Bocarejo, éramos la tercera ciudad del mundo con el peor tráfico, pronto alcanzaremos el honroso primer puesto.

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Al Consejo de Estado no le gusta quedarse atrás. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había adoptado medidas cautelares que implicaban la suspensión del proyecto de TransMilenio por la carrera 7a de Bogotá. La demanda original decía que la estación enfrente al Parque Nacional atentaba contra esa área histórica y tradicional de la ciudad, sustrayéndole 4.000 mts2. Según el Consejo la decisión del Tribunal se adoptó sin el quorum requerido y la anuló, con lo cual, según dicen los medios, “revivió” el proyecto. No hay tal. La decisión que afecta el proyecto la tomó la alcaldesa desde su campaña: no habrá TransMilenio por la 7a. Esa es una decisión administrativa en la cual no pueden meter las narices ni el Consejo de Estado, ni nadie.

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El caso de la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es un sainete. La Sala fue eliminada en el acto legislativo del equilibrio de poderes en 2015, pero sigue tan campante. Debía ser reemplazada por la Comisión de Disciplina Judicial pero el Consejo de Estado anuló las convocatorias en 2017. De manera que los magistrados que la componen, elegidos en su momento por ocho años, llevan doce y no pasa nada. Es más: Julia Emma Garzón, uno de los miembros de esa Sala, es ahora presidente del Consejo. Los restantes son “interinos”, su permanencia ha sido revalidada por la misma Sala y llevan más de tres años en esa condición.

El Consejo de Estado ha sugerido que el gobierno aplique el derogado inciso 2 del artículo 254 de la Constitución -violándola- y elija en propiedad los magistrados de la Sala disciplinaria -lo que implicaría que salgan los actuales- y que los nuevos permanezcan en el cargo hasta que se conforme la Comisión de Disciplina Judicial, es decir, hasta que San Juan agache el dedo.

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Otro día hablaremos de la Corte Suprema.

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Hermosa la foto del nuevo Fiscal y la presidenta de la Jep. Pero no debe olvidar la responsabilidad que ese tribunal tiene en la fuga de Santrich.