Apuntes sobre la reforma (III)

Lo que se esperaba: con celeridad la comisión respectiva del Parlamento aprobó dos reformas que los benefician (no conocen las incompatibilidades ni por el forro). A pesar de objeciones muy serias, aprobaron el voto obligatorio. La propia Registraduría ha dicho que se doblará el costo de las elecciones. (Ojo: el referendo revocatorio contra Petro que ha cumplido con todos los requisitos no ha sido implementado por falta de recursos) y que es imposible que las ocho horas de votación sean suficientes. Con el voto obligatorio cada elector tendría un minuto doce segundos para votar. ¿Van a obligar a que lleguemos a cierta hora para que no haya “vacíos” en las mesas? Esos detallitos no interesan, por supuesto, porque se trata de forzar a los electores a que legitimen las votaciones, incluso el eventual referendo de La Habana.

Lo segundo ha sido la eliminación del voto preferente para ser sustituido por las listas cerradas, es decir, por el bolígrafo. Dijo el ministro Cristo que las listas cerradas fortalecen los partidos y el voto preferente “envilece la política y genera corrupción  electoral”. ¿No será al revés?

Ahora estudian las llamadas listas “bragueta” o cremallera, en las que habría que intercalar hombres y mujeres (¿y qué de los LGTB?) para buscar la “igualdad de género”. En las elecciones pasadas de Senado la U eligió dos mujeres de veintiuno, los liberales dos de dieciséis, los conservadores de la mermelada seis  de diecinueve, Cambio Radical dos de nueve y el Centro Democrático siete de veinte. Como la Unidad nacional no lee como cierto presidente del Congreso, ni estudia, ni analiza no se da cuenta de lo que le sube pierna arriba.

Ninguna de las reformas a la justicia resuelve el problema de la impunidad, que llega a más del noventa por ciento. Según un estudio, ya  desactualizado -ahora es peor-, de Diego Laserna y Alejandro Moreno, solamente veinte de cada cien delitos se denuncian y catorce de ellos prescriben. Tampoco aborda la tutela que requiere reformas urgentes.

Lo que se discute, con la protesta de las altas cortes que no quieren que haya perrito que les ladre y del Fiscal que dice que es un golpe contra la justicia, es si se establece el Tribunal de Aforados y, en caso positivo, con cuántos miembros (el Gobierno propuso cinco y el Congreso quiere nueve) y cómo se eligen. Prefieren que siga la jurisdicción de la  Comisión de Acusación de la Cámara o de la Corte Suprema de Justicia, según el caso, que ya se sabe que no funcionan. Y eso que en la elección de los magistrados participarían el Congreso y las cortes.

***

Coda. Dispararle a una ambulancia viola uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Atacar a la población civil incendiando tractomulas viola el derecho de guerra. ¿Qué se necesita para que el Gobierno considere estas agresiones en el proceso de La Habana?