En mi columna pasada sugerí que era necesario reformar las altas cortes y que la manera de hacerlo era a través de un referendo. Al día siguiente se publicó que un grupo de ciudadanos, encabezados por el periodista Herbin Hoyos, había obtenido de la Registraduría Nacional del Estado Civil la autorización y el permiso para recolectar firmas con ese propósito. Me alegró mucho. Todavía hay patriotas a los que les preocupa la suerte de la patria. Yo estoy listo a poner mi firma y a incitar a mis parientes y amigos a que lo hagan.

Coincidió esto con dos foros en los que las presidentas de las Cortes y algunos especialistas discutieron sobre eventuales reformas a la justicia. Yo particularmente pienso que no necesitamos una reforma a la “justicia” hecha por referendo. La idea de una reforma general es en realidad un obstáculo para reformarla. Como dijo la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello, la mayoría de esos cambios pueden hacerse por leyes estatutarias, leyes simples y hasta decretos. Pero no si se pretende reformar las altas cortes porque ellas siempre van a oponerse a eso.

No encontré el texto del referendo y me tengo que basar en lo que dicen los medios (a propósito, si no lo publican, ¿cómo vamos a promover las firmas?). Básicamente se trataría de derogar la JEP y sustituirla por una sala en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como la sala constitucional que existía en la vieja -y seria- CSJ, la misma que asesinaron los del M19. Y, de paso, ¿por qué no eliminar la Corte Constitucional y formar una sala en la CSJ? De hecho solamente debería subsistir la CSJ, reformada y sin facultades electorales y con un régimen sancionatorio muy duro, con salas JEP y constitucional incluidas, que dicten sentencias y no comunicados, y el Consejo de Estado para demandas administrativas, como lo era en la vieja constitución. Hay que reformar el sistema de escogencia de los magistrados. Recordemos que lo que hay hoy, incluso el cartel de la toga, viene del gobierno Santos.

El otro acápite del proyectado referendo es la reducción del Congreso a 160 miembros, 80 en la Cámara y 80 en el Senado, lo cual le dolería mucho a Roy Barreras que quiere 16 miembros más en la Cámara a 52 millones mensuales cada uno.

La aspiración de reducir el Congreso es vieja y válida, pero ha fracasado siempre.  Dos senadores por departamento serían una buena idea si no se aplica la doctrina de los “feudos podridos”, en la que el más votado arrastraba al segundo. Eso cuando el país era bipartidista. Pero ya no lo es.

80 representantes parece poco para una adecuada representación regional. Pero prefiero eso a los 172 actuales, los mismos que rechazaron las objeciones sensatas y necesarias- de Duque a la ley estatutaria de la JEP. Sería una manera muy buena de sacar a esas mayorías pervertidas que hay hoy en la Cámara y dejar que el país pueda ser gobernado.

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Coda uno: El editorial de un diario capitalino calificó la decisión de Peñalosa de traer vehículos eléctricos para reemplazar el 20% de la flota STPI provisional como “una buena señal”. Los otros 2.000 serán eurodiesel VI, una tecnología obsoleta y contaminante.

Coda dos: Sin ignorar lo bueno, que lo hay, de Peñalosa, no parece que las 2.500 obras de que se habla incluyan tapar huecos. La ciudad sigue siendo “huecotá”. La plata que se gasta el Secretario de la Inmovilidad en poner obstáculos para el tránsito, iría mejor en tapar los cráteres que nos inundan.