La tan proclamada “paz total” de Gustavo Petro, a estas alturas de su mandato, se ha convertido en una retórica vacía, carente de resultados y plagada de contradicciones. En lugar de acercarnos a la pacificación, Colombia enfrenta el recrudecimiento de la violencia, alimentado por el debilitamiento alarmante de las instituciones encargadas del orden público. Mientras tanto, los grupos criminales se fortalecen, amparados por un gobierno cuya permisividad ha paralizado el accionar de la Fuerza Pública. La realidad es innegable: bajo el pretexto de la paz, los delincuentes operan con libertad.
Las múltiples “mesas de diálogo” abiertas por el gobierno, carentes de plazos y compromisos, se han convertido en escenarios que legitiman el terror cotidiano. A ello se suman centenares de solicitudes para levantar órdenes de captura contra peligrosos criminales, gestionadas con una laxitud inexplicable. Como si esto fuera insuficiente, Petro ha otorgado, sin reparo ni condiciones, títulos de “gestores de paz” a los cabecillas narcotraficantes. Esta práctica, desmedida y sin controles, es irresponsable y constituye una burla al Estado de derecho.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo sintetizó con crudeza: “Si Pablo Escobar estuviera vivo, el gobierno nacional actual lo habría nombrado gestor de paz”. Esta afirmación, lejos de ser una exageración, evidencia el nivel de permisividad. No importa el grupo al que pertenezcan ni la magnitud de sus crímenes; basta con que prometan dialogar para que Petro recurra a la fiscal general, Camargo, su aliada incondicional, y gestione el levantamiento de restricciones judiciales contra estos cabecillas. Así, en un abrir y cerrar de ojos, los criminales se transforman en “gestores de paz”.
Durante dos años, esta dinámica ha favorecido a miembros de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo, entre otros. Sin embargo, es desconcertante el trato que ahora reciben los paramilitares, aquellos mismos que Petro repudiaba con dureza desde el Congreso. En un giro que raya lo absurdo, Petro ahora se funde en abrazos con Salvatore Mancuso, escenificando un espectáculo en Córdoba donde intercambiaron sombreros bajo la bandera de la “paz total”. Este episodio, más que simbólico, revela la intención de revivir el monstruo del paramilitarismo.
Hoy, los ‘paras’, que el gobierno Uribe extraditó por seguir delinquiendo desde las cárceles, han encontrado en Petro un inesperado abrazo de impunidad. Designó 18 cabecillas como “gestores de paz”, comenzando por Mancuso, alias ‘Macaco’, ‘Don Berna’, ‘H.H.’, ‘Jorge 40’ y ‘Taladro’, este último acusado de violar a más de 200 menores. Su inclusión es una afrenta directa a las víctimas y al país. Lo que hace Petro trasciende la irresponsabilidad: empoderar a cabecillas del mal causa un daño irreparable a la nación.
Nos encontramos ante uno de los momentos más delicados de nuestra historia reciente, y es imprescindible decirlo con absoluta claridad: detrás de esta distinción indiscriminada de “gestores de paz” se esconde una estrategia política peligrosa que podría convertirse en la peor pesadilla para Colombia.
Petro está jugando con fuego. No solo arriesga las próximas elecciones, sino también la estabilidad del Estado. La paz no puede cimentarse sobre la impunidad ni a costa de la justicia. El Estado colombiano fue generoso con Gustavo Petro al perdonarle sus crímenes del pasado y permitirle disfrutar de los beneficios de la democracia, pero no le concedió licencia para destruir las instituciones. La nación puede perdonar, pero no olvidar. Los colombianos no sucumbirán ante quienes han sembrado muerte, dolor y terror.
@ernestomaciast