Los resultados de la primera vuelta en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República sorprenden a muchos, pero, como lo habíamos dicho en esta columna, nada bueno se podía esperar de un proceso político en que no fueron expuestos los programas, ni las propuestas de gobierno, sino el objetivo de bloquear a un determinado candidato; en un clima de manipulación mediática y “debates” en que predominaron las ofensas, los ataques, la animadversión, las frases ingeniosas de descalificación, lo superficial y lo vacuo; la carencia de todo contenido; la incoherencia y la falta de visión sobre lo que pueda servir al interés general.
Sea cualquiera el resultado final de esta lamentable campaña, cabe exponer algunas ideas acerca de lo que debería tener en cuenta el futuro presidente de la República, sea quien sea.
Cabe formular -ante los candidatos y ante quienes concurran a las urnas- algunos elementos que parecen haber olvidado tanto el actual gobierno como los participantes en la contienda electoral:
Primero que todo: téngase en cuenta que esta -al menos, según la Constitución- es una democracia y un Estado Social de Derecho; que no elegiremos a un monarca, ni a un dictador, sino a un ciudadano con poder transitorio y delimitado, que deberá ejercer como el primer servidor público, cuyo papel, como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa, está regido por la Constitución y las leyes, no por su voluntad, que no es soberana. Que no todo lo podrá hacer por decreto; que en la toma de decisiones y en sus actos deberá cumplir los postulados y normas vinculantes, sin lugar a la arbitrariedad, y acatar las decisiones de los jueces.
Recuerden, señores candidatos, que, según el artículo 188 de la Carta Política, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y que, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, no de algunos; que, en ese cargo, no ejercerá como líder de su partido, movimiento o coalición, y tendrá que actuar con imparcialidad y transparencia, para alcanzar las finalidades del Estado Social de Derecho, que el artículo 2 de la Constitución expone con claridad: “…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
No olviden que quien llegue a la presidencia es independiente, en el marco institucional de sus funciones y atribuciones. No tiene por qué seguir instrucciones externas, ni representar intereses distintos de los generales de la colectividad.
Lo que se espera a continuación es un debate civilizado, respetuoso, sobre el fondo de los problemas y soluciones.
El país debe ser gobernado con fundamento en ideas, buen criterio, programas serios, protección de derechos, garantías, prudencia, pluralismo, justicia social, respeto. No a punta de puñetazos, insultos, amenazas, autoritarismo, violencia.