Se conoció la semana pasada la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la segunda en el conflicto entre Colombia y Nicaragua, que desata una     demanda de Nicaragua contra Colombia por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios en el mar Caribe.

Tan pronto se tuvo noticia del fallo, los abogados que representan al país y los agentes del gobierno, dieron parte de victoria y desde el otro lado, el mandatario del país contrincante salió a reivindicar su triunfo. Como si no fuera suficiente la contradicción, algunos expertos salieron a predicar que hubo un empate en la decisión.

La verdad es que a Colombia nada le aporta la sentencia a su ya complicada situación de haber perdido setenta mil kilómetros cuadrados de mar en la anterior decisión. La discusión no era sobre soberanía, pues ésta la perdió Colombia desde la sentencia de 2012; la discusión versaba más bien sobre las funciones y cuáles son los derechos derivados de la zona contigua y de la zona económica exclusiva y sobre el cumplimiento por Colombia de la sentencia anterior.

Varias de las peticiones de Nicaragua le fueron concedidas, como que se declarara que Colombia violó los derechos de Nicaragua por la presencia y las actividades de la Armada Nacional en la zona; que se declarara que Colombia incumplió la sentencia de 2012 al expedir permisos de pesca en la zona; que igualmente violó la sentencia por ofrecer esta zona para explotación petrolera. Lo único que no les concedieron los demandantes fue la indemnización económica, por no haberla demostrado. Pero de pronto lo más trascendente es que se declara que “Colombia ha violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva”.

Colombia aprovechó el escenario para contrademandar y pretender varias cosas que no le fueron concedidas, a saber:  Pedimos que se dijera que la Armada colombiana no había violado el derecho internacional, al realizar varias actividades so pretexto de defender el medio ambiente, y no se concedió. Se dijo que los buques militares colombianos no pueden realizar prácticas militares, aunque pueden transitar por tratarse de aguas no soberanas, donde hay libre circulación; se pretendía que se le permitiera a los raizales pescar en una zona que se llama Luna Verde, que se entregó a Nicaragua en la sentencia anterior y la sentencia no concedió ese derecho e instó a llegar a un acuerdo sobre el mismo. La realidad es que esta sentencia nos restringe aún mas en lo que veníamos haciendo en esas aguas que perdimos.

Así las cosas, no estamos como para cantar victoria, mientras nuestros vecinos del Caribe mantienen la obtenida en el 2012 a plenitud.   Lo peor es que todavía falta la decisión en otras causas, donde si tenemos en juego la soberanía sobre mares que hemos considerado nuestros desde antaño y ahora Nicaragua pretende la plataforma continental extendida, sobre 80.000 km de suelo y subsuelo.  Definitivamente hay que concluir que la defensa que hemos hecho en estas causas no ha sido fructífera.