EN  medio de debate nacional que han suscitado las diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y el alcance de las objeciones presidenciales presentadas a la ley estatutaria de la JEP, la Corte Constitucional, mediante Auto, el pasado 20 de mazo recordó que “es competente para ejercer control de constitucionalidad respecto de las modificaciones, adiciones y supresiones, incluso del archivo total o parcial, del proyecto de ley de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, como consecuencia de las objeciones gubernamentales formuladas contra dicho proyecto”. Luego agrega que “el proyecto de ley deberá ser sometido a control de constitucionalidad, automático y único, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, antes de su sanción y promulgación por el Presidente de la República”.

A renglón seguido agrega la Corte “que dicho control de constitucionalidad sólo se activará cuando concluya el procedimiento legislativo propio del segundo debate o cuando concluya el término máximo que dispone el Congreso para decidir sobre ellos”. Las objeciones deben ser tramitadas en una sola legislatura, vale decir, hasta el próximo 20 de junio.

De esta manera queda claro que el Presidente si tenía la facultad constitucional de objetar por inconveniencia el proyecto de ley estatutaria, que su ejercicio no constituye ningún reto a la Corte y que, de acuerdo con la decisión que adopte el Congreso, como queda dicho, las objeciones pueden llegar de nuevo al examen de nuestro tribunal constitucional.

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La audiencia de seguimiento promovida por la Corte Constitucional, en desarrollo de la Sentencia T-236 de 2017, mediante la cual establece la necesidad de aplicar el “principio de precaución” en la utilización del químico conocido “glifosato” para asperjar los cultivos ilícitos, debería arrojar algo nuevo. La verdad es que ya se conocían las posiciones del Gobierno y de los expresidentes Santos y Gaviria, lo mismo que la del Fiscal y los ambientalistas.

Aunque a la audiencia asistieron algunos expertos y estudiosos del tema, nos parece que ese debate tan sensible hay que sacarlo del terreno de la especulación y ubicarlo en el escenario real: el debate científico, que es el que corresponde para establecer sus reales efectos. Porque hay unos informes que no son concluyentes -según se afirma- que dicen es nocivo para la salud humana, como que es cancerígeno, y existen otros en los que no se sostiene lo mismo. Lo que uno no entiende es por qué a estas alturas no hay un diagnóstico que permita establecer con certeza el efecto real del uso de ese herbicida, vale decir, si causa daño o no a la salud y al medio ambiente.

Ese dictamen hay que conocerlo con urgencia porque el narcotráfico es un problema de seguridad nacional para Colombia; es la fuente de financiación de las estructuras armadas de los grupos armados ilegales y, por consiguiente, la violencia fratricida que hemos vivido a lo largo de los años. Hoy nos llevamos la presea de ser el primer productor de cultivos ilícitos en el mundo.