En contra del expresidente del Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva, pesan dos condenas por corrupción emitidas por un tribunal de Curitiba, el juzgado 13 que regentaba en su momento el  juez anticorrupción Sergio Moro,  por casos vinculados con Lava Jato, que develó un entramado de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras.

El expresidente fue condenado en 2018 por corrupción  como beneficiario de un apartamento tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo), al que se le hicieron mejoras y remodelaciones de favor y estuvo detenido por cuenta de ese episodio desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en la sede de la Policía Federal de Curitiba. La sentencia fue confirmada y debía pagar 8 años, 20 meses y 20 días de prisión, aunque  se le concedió la prerrogativa de agotar sus recursos contra la decisión judicial en libertad.

En el año 2020 fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un lugar en Atibaia (Sao Paulo) a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras. Otros dos procesos contra Lula tienen que ver con el de la sede del Instituto Lula y las donaciones recibidas por éste de contratistas cuestionados.

El juez Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las condenas del expresidente Luiz Ignácio Lula da Silva, por considerar que el juzgado que las dictó carecía de competencia, atendiendo un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Lula en noviembre y decidió que el exmandatario sea juzgado nuevamente por la Corte Federal del Distrito Federal de Brasilia.   Con la decisión, se habilita el camino al líder de izquierda del partido de los trabajadores para las presidenciales de 2022, que según recientes sondeos,  sería el único con posibilidad real para enfrentar a Bolsonaro, cuyo régimen está fuertemente golpeado por el manejo de la pandemia, los 260.000 muertos y el desastre económico que se vive en el Brasil.

Se trata de una cuestión de competencia para el juzgamiento; no de que el procesado sea inocente; es decir, se enreda la justicia brasilera por cuestiones de forma y no de fondo. Para Lula, quién ha negado las acusaciones, hay una maniobra política en su contra orquestada por Sergio Moro, el juez que lideró la investigación de Lava Jato, y que en 2019 asumió como Ministro de Justicia del presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, hasta abril de 2020 cuando se marginó tras denunciar tentativas de "interferencia política" en asuntos judiciales por parte del Jefe de Estado.

La decisión judicial generó una fuerte conmoción política, con  impactos que incluso se sintieron en el  mercado bursátil que cerraba  la jornada. En su reacción el presidente Bolsonaro, afirmó que el Juez Fachin "siempre tuvo una vinculación fuerte con el PT".

No puede desconocerse el sabor político con que se encuentran impregnadas  estas decisiones judiciales, de lado y lado, en perjuicio de la independencia judicial brasileña.  En conclusión, si en Colombia llueve, en Brasil no escampa.