En este país de odios heredados, donde los guerreros han hecho sus guerras a través de los civiles, construir paz implica necesariamente hacer justicia. Que las víctimas, todas, reciban algún gesto de parte del Estado que mitigue el daño que han sufrido. Que, por una vez, este país las abrigue y no las deje solas. Que alguien las escuche, las defienda y les restituya sus derechos. Que los responsables den la cara, cuenten la verdad y respondan por sus actos. Que todos, víctimas o no, tengamos la plena seguridad de que nadie va a disponer impunemente de nuestra vida y la de nuestros seres queridos.
La justicia impartida por el Estado, es lo único que puede romper el círculo vicioso de la venganza que, a su vez, desata la violencia. No hay manera de curar el dolor que causa la desaparición de un padre, nadie devuelve a una hija asesinada, no es posible recuperar la vida consumida en el secuestro y en el reclutamiento forzado, ni hay cómo recobrar la alegría después de la tortura y el abuso sexual.
El daño que ha causado el conflicto armado a más de ocho millones de personas y sus familias es irremediable, y es para siempre; pero constatar que no estamos resignados a la impunidad hace toda la diferencia, hoy y hacia el futuro. Por eso es tan importante la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, en el marco del acuerdo suscrito entre el gobierno y las Farc; porque hace de la administración de justicia el vehículo para transitar hacia la paz.
En la reparación a las víctimas anida la posibilidad de un futuro mejor para todos; este es el principio que subyace a la existencia de la JEP. A siete años de creada esta jurisdicción, y en el seguimiento a los macrocasos que allí se investigan y se juzgan, las víctimas de los delitos más graves han encontrado en esta instancia, por fin, un alivio a su dolor infinito y una respuesta concreta, con efectos jurídicos y materiales a sus demandas. La justicia es para ellas. Qué hoy los actores del conflicto que comparecen ante la JEP, quienes cometieron actos atroces y delitos de lesa humanidad, no estén conformes con la labor de esta jurisdicción habla muy bien de ella, y a la vez, muy mal de ellos.
Pensar en un tribunal de cierre, tal y como proponen los antiguos miembros del Secretariado de las Farc y Salvatore Macuso, es un exabrupto. La JEP se creó como un sistema de justicia transicional que permitiera resarcir a las víctimas, resolver la situación jurídica de los excombatientes, y juzgar y castigar los crímenes más graves, aquellos que en ningún caso son anmistiables. Poner punto final y pasar la página, como si nada, sin sanciones, sin retribuciones ni restauraciones, sería volver a victimizar a las víctimas e iniciar un nuevo ciclo de violencia. Dejen que la JEP haga su trabajo, por favor; a ver si algún día logramos vivir en paz.
@tatianaduplat