Flaco servicio hacen a la fuerza pública y a su merecido reconocimiento por los colombianos los promotores del voto para sus miembros activos, como tremendo agravio le infligen los que presuntamente pretenden deshonrar su labor al querer utilizarla en oscuras misiones inspiradas en rencillas ideológicas que desnaturalizan su sagrado papel en la democracia.

Las armas de la República defienden, además de la independencia y la soberanía, el orden constitucional, las bases de la convivencia y el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Esto significa que nos guardan a todos, y no solo a quienes piensan de una determinada manera, y que su protección debe cobijar por igual a quienes se encuentran temporalmente en el ejercicio del poder, como a quienes hacen oposición.

El monopolio de la fuerza legítima, que se encuentra en cabeza del Estado y cuyo uso se encomienda a la fuerza pública, está sometida a la Constitución y a precisos parámetros enunciados en esta materia desde el inicio de nuestra institucionalidad republicana.

Así, en las Constituciones de las provincias de Cundinamarca y de Tunja de 1811 se enunciaron los principios según los cuales, la fuerza pública no es deliberante, está sometida al poder civil y tiene por objeto, en la bella fórmula de entonces, el de “celar el cumplimiento de las leyes”.

Esta tradición que, luego de graves vicisitudes, recordó el presidente Alberto Lleras Camargo en 1958 en su célebre discurso del teatro Patria, tiene una lógica diáfana. Quienes están en posibilidad de usar legítimamente las armas del Estado, se erigen en garantes imparciales del respeto de los derechos de todos y del funcionamiento de la democracia y, en ese orden de ideas, como hoy enuncia nuestra Constitución, no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. 

No se trata de restringir sus derechos o de desconocer sus legítimas convicciones; se trata de asegurarles las condiciones que les permitan cumplir sus deberes sin interferencias y generar confianza en todos los que son destinatarios de sus necesarias actuaciones.

Buscar comprometerlos a través del voto, convertirlos en instrumento de estrategias electorales, o lo que es más grave, pretender involucrarlos en controversias y luchas entre facciones políticas, no sólo rompe esos presupuestos, sino que irrespeta el apego que la inmensa mayoría de los miembros de la fuerza pública han demostrado a los principios atrás señalados.

Por si faltaran argumentos, la sensibilidad y desconcierto que han generado las investigaciones en curso sobre la presunta utilización ilícita de los mecanismos de inteligencia  de las fuerzas militares para el “perfilamiento” de periodistas, líderes políticos, organizaciones sociales y altos responsables públicos, muestran cuán importante es que todas sus  actuaciones estén exentas de cualquier sesgo que pueda interpretarse como indebida intromisión en el libre juego de la democracia y en el  ejercicio autónomo de las libertades de las personas.

Todo ello demuestra sin duda que se está no solo frente a una propuesta inoportuna, sino esencialmente frente a una propuesta para olvidar.

@wzcsg