A medida que se desarrollan los acontecimientos va quedando claro  -aún en medio de la incertidumbre- que la salida a la grave crisis política que vive Venezuela no se tramitará por los canales institucionales.  Nada distinto puede concluirse a partir de las decisiones adoptadas recientemente por las autoridades electorales y algunos tribunales judiciales que, virtualmente, cierran la puerta a la realización, este año, del referendo revocatorio promovido por la oposición contra Nicolás Maduro.  Una oposición, además, acosada sistemáticamente por el régimen:  por ese régimen que habiendo perdido el control de la Asamblea Nacional, ha optado por demoler definitivamente la separación de poderes, contando para ello con la connivencia del Tribunal Supremo de Justicia, en donde ha hecho carrera una novedosa especie de “constitucionalismo maromero”.

En consecuencia, y como lo ha advertido el analista venezolano Luis Vicente León, la salida a la encrucijada venezolana no será institucional, sino política.  Política, al modo de una transición pactada -lo que implicaría concesiones recíprocas, alguna forma de redistribución del poder entre distintos sectores y facciones, uno que otro chivo expiatorio, y garantías rayanas quizá con la impunidad para unos cuantos-; o al modo de una implosión inflamable del sistema político, que podría adoptar cualquier forma y tener imprevisibles consecuencias, no sólo para Venezuela sino para la región.

Esa perspectiva pone también en evidencia el fracaso de Unasur, que se ha convertido en un verdadero elefante blanco de la arquitectura institucional multilateral  y no sólo por razón de su flamante secretario general.  En efecto: sin pena ni gloria parece haberse transcurrido la gestión de los expresidentes Fernández, Torrijos y Rodríguez Zapatero, promovida por una organización que en medio del nuevo clima político suramericano ha perdido prácticamente todo apalancamiento y que, por sobradas razones, suscita todo tipo de suspicacias a los ojos de la oposición venezolana.

Si en sus primeros años Unasur intentó, con algún éxito, promoverse como instancia de mediación y de respuesta rápida en situaciones de conflicto, crisis, o grave riesgo institucional, ¿Qué razón le queda ahora para justificar su existencia?  En lugar de seguir distrayendo y desviando recursos a una organización anodina, que no hace sino duplicar esfuerzos y que poco o nada contribuye a la gobernanza regional, va siendo hora de devolverle toda su fuerza y capacidad al sistema interamericano.  Unasur, con Samper a la cabeza, no vive sino por distanasia, que es “la prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura”.   Y ese es un lujo que no vale la pena sufragar.