Se empieza a escribir mucho sobre las grandes prioridades que marcarán las políticas públicas de la pospandemia. ¿Cuáles serán los grandes temas que ocuparán la agenda nacional y la internacional cuando pase la peste y se recuperen las economías?
Uno de estos temas es el de la equidad. El coronavirus ha destapado el profundo déficit de equidad que invade a la sociedad contemporánea en todo sentido. Déficit que habrá que hacer un esfuerzo gigantesco para corregirlo.
En Colombia se han presentado últimamente dos iniciativas (que aunque tienen muy pocas posibilidades de prosperar) debemos mirarlas con atención. Pues son un anticipo del tipo de debates por una mayor equidad que se vislumbran.
La primera iniciativa es la” renta básica “que presentaron hace algunos días 54 senadores, y que sustituiría (pero aumentando la base de quienes las reciben) las transferencias no condicionadas hacia los sectores más desvalidos de la sociedad.
La iniciativa fue desechada inmediatamente por el gobierno por su alto costo fiscal: 21,7 billones; de allí las pocas posibilidades que tiene de aprobarse en el corto plazo pues requiere- como iniciativa fiscal que es- del aval gubernamental.
Sin embargo, como antecedente de las discusiones que se avecinan es muy interesante pues busca ampliar la cobertura de la renta básica que el Estado debe garantizar a los más desvalidos. Una especie de seguro de desempleo de mínimos vitales como el que ha organizado recientemente en Chile. Este será un tema que estará sobre la mesa de las discusiones de la post pandemia con toda seguridad.
Ya el ministro de Hacienda en una audiencia que hubo en el Congreso abrió tímidamente la posibilidad de estudiar la llamada “renta básica”, como una de las medidas estructurales que se podrían considerar más adelante. Buena noticia; no será algo inmediato pero es el tipo de reformas estructurales- más allá de los primeros auxilios que es lo que hasta el momento hemos hecho-que el país debe considerar.
La segunda iniciativa tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad que un grupo de distinguidos académicos presentó la semana pasada ante la Corte Constitucional. La demanda busca nada menos que el juez de constitucionalidad declare reñido con la Carta Política la totalidad del estatuto tributario. Es decir, el conjunto de la legislación sobre impuestos que rige en Colombia. Con el argumento de que el actual estatuto contraría el artículo 363 de la Constitución que dispone que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Y el actual sistema no lo hace, argumentan los demandantes.
No creo que prospere esta demanda ante la Corte, aunque los impugnadores conscientes del grave contratiempo que se generaría si se cae la totalidad del estatuto tributario (que está conformado por más de 1000 artículos), solicitan a la Corte un fallo modulado que le daría dos años (prorrogables por otros dos) al Congreso para reponer la legislación que se declare eventualmente inexequible.

El argumento central de la demanda (que está muy bien documentada por lo demás) es que el conjunto de las normas impositivas en Colombia mirado como un todo contraría el postulado constitucional de la “progresividad”. Y que por lo tanto deben declararse inconstitucional: no unas normas específicas sino el conjunto de ellas. Pues ha violado los principios constitucionales sobre los cuales se funda la legislación tributaria, sostienen los demandantes.
La teoría fiscal contemporánea indica, sin embargo, que para saber si un sistema tributario es progresivo o no debe mirarse también el lado del gasto público. Y no solo el de los ingresos tributarios como hacen los demandantes. Esta es quizás la falencia mayor que de un primer vistazo se le puede anotar a la demanda. Pues hoy se acepta por toda la literatura especializada que redistribuye más y mejor el gasto que el ingreso.

De todas maneras se trata de dos iniciativas, así no prosperen, en las que subyace la aspiración innegable hacia una mayor equidad. Y esa será una constante que escucharemos en la discusión de políticas públicas que se avecina, una vez se apacigüe la furia de la pandemia.