Tiene razón el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, es necesario volver a la fumigación aérea para controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos. En mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las aspersiones aéreas con glifosato, aduciendo que podía ser cancerígeno y que afectaba de manera negativa el medio ambiente. Pero la realidad es que fue una concesión por parte del gobierno Santos a las Farc y cuyo resultado ha sido el crecimiento exponencial de las hectáreas cultivadas en coca.

Para darle apariencia técnica y científica a tan absurda decisión, acudieron a un estudio realizado por la OMS, a través de su Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), donde señalan cinco pesticidas, entre ellos el roundup -principio activo del glifosato-, con “posibles” elementos cancerígenos. A pesar de la falta de evidencia concluyente, el estudio fue la excusa perfecta para el Gobierno Nacional.

Hoy se consiguen más de 200 productos, de venta libre, en el mercado que contienen glifosato. Es utilizado para jardinería, así como en cultivos de papa, banano, arroz y caña de azúcar. En países como España, Estados Unidos y Argentina, algunos productos son fumigados con aspersión aérea de glifosato. Eso no quiere decir que sea agua bendita, pero es peor para el medio ambiente dejar de fumigar.

Habíamos logrado pasar de 170.000 hectáreas en 2001 a 78.000 en 2012. Pero bajo la administración Santos la situación se ha invertido, en los últimos dos años, la siembra de matas de coca ha acabado con más de 80.000 hectáreas de selva y bosque en nuestro país. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, señaló, según cifras del Departamento de Estado, que pasamos de 80.000 hectáreas en 2012 a 159.000 en 2015.

Pero lo más grave de haber dejado de fumigar es que no se ofreció otra alternativa. La erradicación manual de cultivos ilícitos, además de ser ineficiente y costosa, es peligrosa debido a los francotiradores y a las minas antipersona que las Farc y otros grupos narcotraficantes, han instalado alrededor de los cultivos. Esto sin mencionar el daño que hace a la salud humana el consumo de las 245 toneladas de cocaína que se producen al año en Colombia y la violencia asociada a su tráfico ilegal.

En Cuba, Gobierno y Farc, acordaron que no habrá fumigación ni erradicación forzada. El Acuerdo Final dice que solo habrá programas de erradicación voluntaria y de sustitución de cultivos, siempre de manera concertada con la comunidad. Una gran mentira, tratándose del negocio más lucrativo del planeta.

El narcotráfico, combustible de la violencia en Colombia, sigue en plena vigencia. A pesar de lo acordado en La Habana va a intensificarse, en manos del ELN, las Farc o del cartel que los suceda. La única manera de combatir este flagelo es atacando el consumo desde una perspectiva de salud pública. Pero bajo ningún aspecto el Estado puede cesar de perseguir la producción y el tráfico con toda la fuerza de la ley y de las armas.

@SHOYOS