José Daniel López es un representante por Cambio Radical, un ilustre desconocido que cree que pasará a la historia como otro Rafael Núñez, que se ha juntado al expresidente Gaviria, quién suele poner los intereses del Partido Liberal por encima de los de la nación, para que el Congreso rechace las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la Jep.  Si esta alianza triunfa, los siguientes son algunos de los efectos que tendrá:

Bastará ofrecer verdad ante la JEP para detener la posibilidad de una extradición, con lo cual habrá un incentivo perverso para que terceros, sin importar si se trata de miembros de las Farc o no, para ingresar a la JEP para eludir así responsabilidades, como el narcotráfico, ante la justicia de terceros Estados.

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, uno de los sectores centrales del llamado Acuerdo de Paz, los victimarios no quedarán claramente obligados a reparar a las víctimas. De hecho a la hora de la verdad seremos nosotros los colombianos los que lo haremos con nuestros impuestos. Los supuestos bienes de las Farc, si alguna vez aparecen, no alcanzarán para nada.

Desaparecerá la facultad del Alto Comisionado para la Paz para eliminar personas de la lista de eventuales amnistiados y evitar que delincuentes se oculten y logren impunidad.

Habrá un periodo de inoperancia de la justicia porque la ordinaria no podrá citar a declarar a quienes se hayan postulado para la JEP, pero como ésta no está operando plenamente, tampoco lo podrá hacer.

El caso Santrich se ha discutido ampliamente. Si el delito fue cometido con posterioridad al Acuerdo Final, el caso lo maneja la justicia ordinaria. Si con anterioridad, irá a la Sala de Reconocimiento y se excluirá la extradición. La competencia de la JEP llega solamente a pedir las pruebas para determinar la fecha. Así lo dijo ya la Corte Constitucional. Pero como lo dice la Ley Estatutaria, pasará lo que ha pasado con Santrich: que pida toda clase de pruebas para demorar el proceso aunque no tengan que ver con la fecha.

La JEP podrá  concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos y renunciar al ejercicio de la misma respecto de personas o casos que no sean objeto de esa selección. Pero el Estado no debería renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos sus esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad porque eso genera impunidad a los delitos más graves.

Finalmente, delitos como el reclutamiento, la violación de menores y el aborto forzado, repugnantes desde todo punto de vista, podrán considerarse como parte de los delitos de guerra, amnistiables como los demás.

Ninguna de las objeciones repugna con la Constitución y ninguna pone en riesgo la paz. Pero eso es lo que ciertos “dirigentes” (?) dicen.

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Coda: Recuerdo haber leído en mi juventud varias obras de Thomas Walsh, entre ellas una sobre la inquisición española, entidad que forma parte de la llamada leyenda negra en la que se incluyen también los crímenes durante la conquista de América. Este es un tema que ha mortificado a los españoles desde siempre. Lo acaba de levantar Amlo, presidente de México, que ha pedido a la Santa Sede y al gobierno español que presenten excusas. La Santa Sede lo ha hecho varias veces (¿por los crímenes del padre Las Casas y sus homólogos?), pero España se niega rotundamente. Este es un tema que amerita un artículo completo.