Durante nueve horas la plenaria del Concejo hizo un debate de control político porque, supuestamente, los ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) se quedarán sin los poderes para determinar el destino de los principales recursos en los próximos cuatro años.

Además que hay un escollo porque la Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá determina que el 40 por ciento de la inversión es para la malla vial local, en los enfrentamientos entre la Administración y los concejales de Bogotá, una de las principales coincidencias es que el proceso de descentralización sigue desinflado.

Para no ir tan lejos, cuando era alcalde Mayor Enrique Peñalosa se criticó por centralizar la gran contratación; a Samuel Moreno porque devolvió el proceso a las localidades y, ahora, porque supuestamente se quitan las competencias a los ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

Ante las denuncias porque la Administración tardó seis meses para nombrar dieciocho de los veinte alcalde locales, supuestamente, porque no eran de la corriente política del Gobierno, el alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego, aclaró que “la mayoría de alcaldes y alcaldesas locales no son progresistas”.

En el debate de ayer, el contralor de Bogotá, Diego Ardila, dijo que jurídicamente la Directiva atenta contra el marco constitucional. “La misma Constitución le da la competencia a las Juntas Administradoras Locales para que distribuyan sus presupuestos”.

La Administración Distritalreiteró la importancia de replantear en qué y cómo se invierten los recursos locales para avanzar en una descentralización que beneficie a las comunidades y atienda sus necesidades prioritarias.

Al final del debate, el secretario Distrital de Gobierno, Guillermo Asprilla, dijo que están dispuestos a revisar la Directiva 005 pero con base en estudios legales y técnicos como lo ordena la ley. “La medida en ningún momento le resta autonomía ni competencias a las Juntas Administradoras Locales”, y recordó que éstas tienen la obligación de cumplir los condicionamientos establecidos en la ley, toda vez que son instituciones creadas por la Constitución Política con autonomía relativa, sujetas a varios condicionamientos, tales como no aprobar objetos de gasto que estén en contraposición o por fuera del Plan Distrital de Desarrollo, cumplir las normas del presupuesto y no duplicar actividades que realice la administración central.

El concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, denunció que se extralimitan en sus funciones e invaden facultades de las Juntas Administradoras Locales, al obligar a los alcaldes locales a adoptar porcentajes específicos establecidos desde el nivel central para distribuir el presupuesto.

En este sentido, la concejal Patricia Mosquera denunció que es evidente que los mecanismos de participación y la descentralización en Bogotá están en riesgo por la Directiva 005 de 2012, que quita autonomía a los alcaldes locales. “Es lamentable que la Administración Distrital no cuente con cifras claras frente a lo realizado en los encuentros ciudadanos”.

Quien profundizó sobre el tema fue el concejal William Moreno, vocero de la Bancada de Progresistas, quien urgió una reforma administrativa en alcaldías Locales. “A las autoridades locales les compete la gestión de los asuntos propios de su territorio”.

La concejal Progresista, Diana Alejandra Rodríguez, resaltó la medida y denunció que los ediles no tienen la posibilidad de citar funcionarios para efectuar debates de control político.