La meta del Gobierno de cumplir con la regla fiscal de 2019 con un déficit de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) se complicó con la última ponencia que presentó al Congreso sobre la reforma tributaria o ley de financiamiento.

De acuerdo con el Gobierno, de los $14 billones que se pretendían recaudar con la propuesta inicial ahora solo serán $7,3 billones con la peluqueada a la iniciativa. Eso significa que al Ejecutivo se le presenta una disyuntiva con dos posibilidades: o reduce el gasto público que le garantice un ahorro de $6,5 billones para poder cumplir con la meta del déficit fiscal o adopta una flexibilización de la regla, como ya lo han recomendado varios expertos.

Los riesgos

Sin embargo, hay un riesgo en la primera posibilidad: que la meta de $7,3 billones de la reforma salga más ‘trasquilada’ del Congreso y complique aún más el panorama fiscal del país. No obstante, así se recaudara el total de lo previsto esto apenas significaría casi 1% del PIB y se requieren al menos 1,8% para la meta fiscal.

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El senador del Partido Conservador David Barguil aseguró que la ley permite modificar la regla fiscal si aparecen contratiempos. "Nos llegaron 1 millón de venezolanos en el último año, eso cuesta varios billones de pesos, tenemos una crisis en el Caribe con Electricaribe y tenemos varios temas que han surgido que no hacían parte de las cuentas. La ley contempla que se puede revisar esa brecha de endeudamiento sin necesidad de tocar la meta al año 2021", aseguró.

De acuerdo con Barguil, la normativa actual de la regla se hizo en plena bonanza de 2011, pero ahora las condiciones son diferentes. "Hace un mes y medio citamos a un debate de control político en la comisión tercera del comité consultivo de la regla fiscal. Aquí no hay que modificar las metas del año 2021 o lo que establece la ley", señaló

‘Camisa de fuerza’

La regla fiscal es un tipo de ‘camisa de fuerza’ que por ley tiene el Gobierno para que los gastos no excedan sus ingresos en cierto porcentaje frente al tamaño de la economía. Si no se cumple con dicha regla en materia de déficit fiscal, las calificadoras de riesgo pueden reaccionar con decisiones sobre la calificación crediticia del país.

Al Comité Consultivo para la Regla Fiscal, organismo independiente al Gobierno, pertenecen Miguel Urrutia, exgerente del Banco de la República; Ramón Javier Mesa, delegado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia; Guillermo Perry, profesor de la Universidad de los Andes y Leonardo Villar, entre otros.

Este grupo tomó la decisión en abril pasado de flexibilizar la regla fiscal para que esta camisa de fuerza no apriete tanto en los próximos años al permitir déficits más altos. Lo anterior quiere decir que los próximos gobiernos se deben seguir apretando el cinturón en las finanzas, pero ya no tanto como estaba establecido hasta hace unos días.

Según este comité, la meta de déficit fiscal para este año se mantiene en 3,1%, sin embargo, subió para 2019 de 2,2% a 2,4%. Por su parte, para 2020 pasó de 1,6% a 2,2%, asimismo en 2021 de 1,3% a 1,8% y finalmente en 2022 de 1% a 1,5%. Según la nueva regla fiscal, la meta de déficit de 1% del PIB, que sería lo ideal, ya no es necesario alcanzarla en 2022, sino en 2027.

Calificadoras

El director de estudios económicos del Grupo Bolívar, Andrés Langebaek, ha dicho a los medios que no cumplir la regla fiscal “no me parece que sea el fin del mundo”. Añade que “entre un 2,4% y 2,7% de déficit fiscal para 2019 no hay mucha diferencia y el grado de inversión de Colombia debería mantenerse”.

Argumenta que las calificadoras ven que el país está demostrando que está haciendo lo posible por su buen desempeño económico, que se preocupa por la cuestión macroeconómica y que tiene un déficit fiscal modesto comparado, por ejemplo, con el resto de América Latina. “Tendría mucha tranquilidad en ese tema”, afirmó.

Cuenta corriente

Otro elemento negativo es el que arroja el déficit de cuenta corriente. De acuerdo con la balanza de pagos que salió ayer, entre enero y septiembre de 2018 la cuenta corriente del país registró un déficit de US$9.019 millones, superior en US$170 millones al registrado en el mismo período de 2017. Al cambio actual del dólar esto significa que hay un descuadre de $29 billones.

Como proporción del PIB a septiembre el déficit fue de 3,6%, menor en 0,3 puntos porcentuales en comparación con el observado un año atrás.

Con todo este panorama, con una economía que se prevé puede estar creciendo en un 2,7% en 2018 –no es un nivel tan alto- se mantendrán las presiones fiscales, lo que puede hacer comprometer la estabilidad de las cuentas del Gobierno en el mediano plazo. 

De acuerdo con Samar Maziad, vicepresidente de la agencia calificadora de riesgos Moody’s, aunque el alza en el precio del petróleo permitirá al país cumplir con su meta de déficit fiscal de 3,1% del PIB para 2018 y acercará el 2,4% proyectado para 2019, la alta polarización política y la etapa de crecimiento económico moderado, entre otros, pueden significar barreras difíciles de sortear para el Gobierno al entorpecer el recorte del gasto público.

En términos generales, tanto analistas como entidades financieras coinciden en que la reforma tributaria es necesaria para hacer viable la regla fiscal en los años siguientes. No obstante, la discusión se centra en si el proyecto ayudaría a cubrir las necesidades del próximo año o cumpliría también las metas de déficit de los años posteriores.

Pero como lo ha advertido el centro de estudios ANIF o algunos bancos como Bancolombia, la ley de financiamiento no cumpliría con la senda decreciente de déficit estructural a mediano plazo.

De acuerdo con la ANIF, la regla fiscal del período 2019-2022, sería difícil de cumplir. Por un lado, la meta de déficit del Gobierno requeriría generar un recaudo adicional mínimo de 1,5% del PIB y del otro debería generar un “colchón” adicional de ahorro fiscal como resultado de los mayores precios del petróleo y del mayor crecimiento del PIB.

Por su parte los analistas de Bancolombia señalan que la reforma lograría cubrir el faltante de recursos y permitiría cumplir con la meta de déficit de 2,4% del PIB. No obstante, los recursos adicionales obtenidos a partir de 2020 se reducirían de forma sustancial, por lo que el proyecto sería insuficiente para garantizar las metas. La entidad bancaria estima que en el mediano plazo el esfuerzo de ajuste adicional superaría el 1,5% del PIB.

“De no aprobarse, el país se expondría en 2019 a dos disyuntivas: cumplir con la regla fiscal, en cuyo caso se produciría un fuerte ajuste del gasto público que impactaría la actividad productiva. Alternativamente, no se observarían las metas de déficit fiscal, lo que expondría al país a un escenario de estrés financiero. Es evidente que estos dos escenarios son indeseables”, indica un documento de la entidad bancaria.