Una vez se conoció la decisión de la intervención de la Empresa Promotora de Salud Coomeva, por la Superintendencia Nacional de Salud, la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos y Empresas Sociales del Estado (Acesi), pregunta quién va a pagar los más de $279 mil millones que adeuda a estos centros de salud.

Acesi señala que las facturas de la deuda están debidamente radicadas, pero los responsables de esa EPS han incumplido todos los acuerdos para la cancelación de esas deudas que tiene la empresa con los hospitales públicos en los 21 departamentos en donde opera. Muchos de esos pactos, con aparente fuerza legal, se hicieron a instancias de la Supersalud, pero no se cumplieron.

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de Acesi, se mostró preocupada, porque si bien el gobierno aspira a recuperar la empresa durante el año que permanezca intervenida, otros casos registrados bajo la misma figura, han terminado, a la larga, en liquidación.

“La opinión pública debe tener claro que la cartera que le debe Coomeva a las empresas sociales del estado con mayor volumen es la que supera los 360 días (más de un año), la cual supera los $201 mil millones, lo que sustenta nuestra preocupación, toda vez que en los casos en donde estas entidades se liquidan, casi todo el dinero se pierde y esas deudas deben castigarse contablemente, lo que indica que debemos estar muy alerta”, sostuvo.

Endeudamiento

La vocera de los hospitales públicos hizo un detallado análisis de los números de Coomeva EPS, los que no dejan una sensación de optimismo. “A julio de 2021 había registrado pérdidas acumuladas por $81.000 millones, un déficit de patrimonio de $743.000 millones, un índice de solvencia de menos $486.000 millones y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos. Y para completar, la entidad ha perdido un poco más de 268 mil afiliados, de acuerdo con el más reciente reporte”.

El pasado 27 de septiembre y por considerar que se está poniendo en riesgo la prestación de los servicios a un total de 1,3 millones de pacientes (afiliados) y el personal administrativo y gerencial "no realiza una adecuada gestión financiera de los recursos de la salud en los 21 departamentos donde opera", la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa de la EPS Coomeva.

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"Esta medida regirá por un año y al frente de la EPS la Superintendencia mantuvo la designación de Felipe Negret Mosquera como agente especial interventor, quien deberá implementar un programa gradual de salvamento que posibilite trabajar en la recuperación de los indicadores de Coomeva, elaborar un plan de pagos para los acreedores y corregir la prestación de los servicios a los usuarios", indicó el organismo.

La EPS puntualizó que la medida no tiene como objetivo la liquidación de Coomeva, sino que busca dar una garantía del servicio.

Atención

"Con la medida se buscará culminar el plan de fortalecimiento institucional que ya está en marcha, en el que se realizarán acciones de capitalización y saneamiento de pasivos; de manera que se garantice la atención de salud y el bienestar de los usuarios de Coomeva EPS", indicó la entidad.

Lo que argumentó la Supersalud para tomar esta decisión con la EPS Coomeva, que desde hace cuatro meses está bajo toma de posesión por parte del organismo, son sus resultados financieros.

Se puntualizó que "entre agosto de 2020 y agosto de 2021 la EPS Coomeva registró una pérdida de 17% de su población afiliada, es decir, 268.484 usuarios, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector del aseguramiento en salud para ese periodo".

Entre enero y julio de este año, se notificaron 3.424 acciones de tutela de usuarios contra la EPS Coomeva, por la falta de oportunidad en la prestación de los servicios, por la demora en la expedición de órdenes no quirúrgicas, por inconformidad con el prestador asignado y por la falta de pertinencia médica e inoportunidad del prestador en la práctica quirúrgica", explicaron.

Precisamente hace tres semanas, la Corte Constitucional detuvo un multimillonario embargo a la EPS Coomeva, ordenado por el Juzgado 15 Civil de Barranquilla, debido a que pondría en peligro la prestación del servicio de salud para miles de usuarios.