Mediante el documento Conpes 4008, denominado “Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública”, el Gobierno impulsa una mayor eficiencia en el gasto de la Nación.
El espíritu de esta política es que las entidades públicas adopten una misma visión de la información de la Gestión Financiera Pública (GFP), redefiniendo los modelos actuales con los que se produce, para contar con información homogénea, fiable, oportuna y transparente de la gestión de los recursos.
“Queremos actualizar los modelos institucionales, conceptuales, metodológicos y tecnológicos bajo los cuales se rige la producción de información en las entidades rectoras de la GFP (Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Contraloría, Contaduría y DANE), con quienes trabajaremos coordinadamente para tal fin, así como con las entidades que administran recursos públicos, para la implementación de estas reformas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera.
Entre los beneficios de esta política, que se derivan de contar con información oportuna, fiable y en armonía con referentes internacionales, están la capacidad de tener una visión completa del impacto del Gobierno y el sector público sobre la economía en su conjunto y el análisis y la definición de la política macro fiscal y económica del país.
“Sin duda esta política facilitará mucho trabajo una vez se implemente y contribuirá a la asignación prioritaria de recursos públicos, la eficiencia en la entrega de bienes y servicios, la reducción del número de reportes de las entidades territoriales y nacionales, la comparación de información financiera pública nacional e internacional, el control y seguimiento de las finanzas públicas, y la transparencia fiscal”, agregó Carrasquilla.
Estos múltiples beneficios tendrán un impacto importante en la reducción de los costos operativos de las entidades y en su eficiencia administrativa, lo que se traducirá en mejores servicios para la ciudadanía.
En Colombia la información para la GFP se ha configurado históricamente de manera fragmentada y de acuerdo con las competencias y necesidades de cada órgano rector en los procesos de programación fiscal y presupuesto, tesoro, contabilidad y estadística, más que como parte, que es, de un proceso integrado.