* Sin seguridad no hay economía
* Una visión exclusiva y excluyente
Cualquier Acuerdo Nacional que, entre otros, se pretenda para recuperar la economía colombiana pasa, en primer lugar, por la disposición de no derruir los ejes que la han mantenido por décadas como el máximo bien público del país. Y ello se ha logrado con base en un acumulado de sinergias entre el Estado y la iniciativa privada, propósitos nacionales conjuntos y obtenido, por esa vía, resultados positivos en la trayectoria desde la Constitución de 1991.
Ha sido de esta manera, precisamente, como la novel figura del Estado Social de Derecho ha podido consolidarse, desde entonces. Sin que por supuesto esta sea una formulación jurídica estática, que no exija constantes evaluaciones y nuevos horizontes, una vez ajustadas y paulatinamente logradas las metas precedentes.
Al fin y al cabo, Colombia es un país relativamente joven, con los apremios propios de una nación todavía en formación, llena de vicisitudes y retos, y dispuesta a involucrarse en la disruptiva dinámica contemporánea. Cualquier actitud en contrario sería, desde luego, situarse en la ruta del retroceso, el decrecimiento y la involución.
Bajo esta perspectiva, el binomio Estado-empresa privada se ha convertido en un activo fijo del balance nacional. Así es como, en buena medida, se han mejorado en el lapso los indicadores, especialmente los sociales, y en una proporción razonable se han corregido las ineficiencias y taras que eran de bulto en épocas anteriores a la nueva estructura constitucional y legal.
Es difícil, claro está, dentro de los fenómenos sociales, hacer abstracción de los vaivenes del entorno y los debates políticos sobre el norte más apropiado. Pero en suma el país ha contado con esa fortaleza para enfrentar el futuro y asentarse en la colaboración aquí expuesta. Aun en ambientes polarizantes signados por el estrépito y divisionismo de uso común.
Justamente, un Acuerdo Nacional comenzaría por conseguir un ámbito propicio para mantener y desarrollar el trasfondo de esa cultura colaborativa, en ocasiones imperceptible y quizá también despreciada por sus características ecuánimes en un hábitat dado al estruendo y personalismo. No se trataría, pues, solo de una fotografía entre los llamados “cacaos” (por demás término de un arcaísmo abrumador) con el primer mandatario de los colombianos en la Casa de Huéspedes. A lo sumo, ciertamente, es un mensaje favorable en la idea de rescatar la fórmula antedicha o recuperar algo de confianza. Pero de no hacerse una estructuración más general, representativa de tantos sectores nacionales que configuran el grueso del PIB y sin considerar a las pequeñas y medianas empresas colombianas, en que además están sentadas las bases de una verdadera economía popular histórica y reconocida mundialmente, el asunto apunta a quedarse en paisaje.
Como en efecto quedó en nada la reunión del presidente de la República con los gremios. Que de otra parte, y a no dudarlo, han adelantado una tarea encomiable en el propósito de no aceptar la deriva estatizante y la emasculación de la iniciativa privada como socia estratégica y eslabón indeclinable en el perfeccionamiento y progreso del Estado Social de Derecho.
No en vano, los colombianos, que suelen tener un alto grado de perspicacia, han dejado entrever, en las encuestas y últimos resultados electorales, sus posturas favorables a la empresa privada como promotora esencial del empleo y aliciente irremplazable de la vocación de futuro. Y, en el mismo sentido, han deslizado su negativa rotunda ante las lesivas reformas, embadurnadas de clientelismo y abiertamente estatistas en curso en el Congreso. A más de las directrices por la nacionalización a cuentagotas en cuanto decreto se emite. Por su parte, proyectos de ley que también se pretenden sacar con una mira exclusiva y excluyente, escogiendo ciertos partidos con corona aparente. Al igual que, en otras oportunidades, se cita a gobernadores y alcaldes electos marginales frente a las realidades del nuevo espectro político.
A lo que, sin duda, habría que adicionar, en aras de un Acuerdo Nacional verdadero, el fortalecimiento del tejido institucional, en vez de su deterioro y remoción. La declinación de la autoridad y la seguridad, que se palpa por doquier en ciudades, veredas y regiones, no es en absoluto estímulo para la economía. Que, de suyo, requiere de un andamiaje sistémico en el que sea apenas normal contener el crimen y la idea del orden no sea un insulto. De hecho, usar la criminalidad de velado yunque en cualquier designio es a todas luces un despropósito y, en ese caso, someter a Colombia a darse un irreversible tiro en el pie.
Como nada del viraje conceptual que se necesita parecería estar ocurriendo pues, en la misma vía, tampoco parecería haber margen a un Acuerdo Nacional que, si bien apetecible, resulta así más bien un canto de sirena. Ojalá nos equivoquemos, porque la debacle no da espera. Ni así se salva el Estado Social de Derecho. Ni menos se entiende que, en vez de un estatismo a rajatabla, la economía es un bien público que compete a todos los colombianos y en particular exige sindéresis y medidas inmediatas.