* Oleada de inmigrantes ilegales a EE.UU.

* Gobierno y Congreso endurecen normas  

El gobierno de Estados Unidos se prepara para enfrentar y atender la que podría ser la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos, al concluir la vigencia del Título 42, la medida que impuso Donald Trump en medio de la pandemia de covid-19 para frenar, con respuestas fuertes e inmediatas, la llegada masiva e ilegal de extranjeros en medio de esa contingencia sanitaria. Ante todo, la directriz permitía la expulsión expedita de migrantes irregulares, sin considerar los términos de ley para que los tribunales de justicia estudiaran sus casos.

El vencimiento esta semana de la mencionada norma activó una carrera desesperada entre miles de personas que esperan en el territorio mexicano y que tratan de ingresar velozmente a suelo estadounidense antes de que el Gobierno y el Congreso implanten nuevas disposiciones para impedirlo.

Las autoridades fronterizas señalan que el promedio de siete mil ingresos ilegales que registraba la frontera en las últimas semanas se ha disparado a más de doce mil. Es lo que históricamente sucede cuando crece la percepción de que se ablandará el control. Así ocurrió, para no ir más lejos, tras la salida de Trump y el inicio del gobierno Biden.

El desaforado crecimiento del número de migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití y, más recientemente, también de Colombia y de países distantes como Mauritania, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán, alimenta y agiganta durante los últimos meses y años una crisis en la red de servicios sociales, no solo de estados y ciudades fronterizas, sino de urbes  lejanas como Nueva York (más de 50 mil solicitantes de asilo en el último año), Washington o Chicago, que ven agotados sus presupuestos y espacios para atenderlos. Esto llevó a Biden a endurecer su política y a tomar las sendas del control y la represión, en un estilo que sus críticos consideran calcado de iniciativas de Trump, pero que han sido eficaces para disminuir los flujos de ilegales.

La primera medida, al finalizar el Título 42, es militarizar la frontera para evitar el cruce de migrantes irregulares mientras el Congreso trabaja en el estudio y aprobación de un paquete de iniciativas del partido Republicano (el proyecto HR 2) que recoge y da carácter permanente a algunos de los programas que implementó Trump.

En paralelo, la administración reimplantará el antiguo Título 8, que establece que quienes ingresen de manera ilegal serán deportados y se les prohibirá el ingreso al país durante al menos cinco años. También autoriza la expulsión de solicitantes de asilo que crucen la frontera sin notificar antes su condición. Unos y otros corren el riesgo de enfrentar procesos penales.

Hay garrote, pero también hay zanahoria. Por ejemplo, se acaba de anunciar la creación de centros de procesamiento regionales en Colombia y Guatemala para que los migrantes puedan tramitar desde allí las solicitudes de asilo y desestimular de esa manera los extensos y tortuosos viajes por tierra. Como se sabe, la mayoría de los migrantes deben atravesar Colombia, cruzar por el peligroso Tapón del Darién a Panamá, transitar Centroamérica y México antes de llegar a Estados Unidos. También se habilitó una aplicación móvil que asigna citas en puertos de entrada para disuadir a inmigrantes de cruzar la frontera de manera ilegal.

Pero ninguna legislación será suficiente ni efectiva para enfrentar las múltiples problemáticas que involucra esta crisis, en particular el anhelo de miles de familias y personas agobiadas por la pobreza y la miseria, por la falta de oportunidades y por las turbulencias políticas y de inseguridad en sus países de origen. Gentes dispuestas a enfrentar todo tipo de dificultades; oprimidas, explotadas y ultrajadas con frecuencia por traficantes y organizaciones criminales; pero aun así sin freno ante la adversidad en su lucha por encontrar un destino promisorio para sus hijos.

La política restrictiva y represiva aplicada hasta ahora es a todas luces errática, considerando que Estados Unidos es, en esencia, un país de inmigrantes, que necesita más inmigrantes y que ha cuantificado con precisión la presencia y actividad de los que ya están en su suelo. Gracias a ello, tiene claro que los extranjeros que llegan realizan grandes aportes a la economía.

La respuesta inmediata a la presión fronteriza es perseguir y deportar ilegales, así como disuadir a los que ya vienen, ofreciéndoles posibilidades para tramitar su ingreso por vías legales y seguras. Pero el solo tamaño de la demanda impide que esa opción sea suficientemente atractiva y eficaz. El acceso al sueño americano, que aportó tantas historias admirables en el pasado, en los tiempos que corren parece más una gran pesadilla.