*El caso del magistrado Pretelt
*La politización de la justicia
Los escándalos en la justicia de nuestro país se volvieron cotidianos. Pareciera que se han convertido en parte de la idiosincrasia del sistema. Hay en ello comprometidos desde jueces del menor nivel hasta magistrados de los más altos tribunales. No importa, por lo demás, cual sea la jurisdicción, civil, penal, contenciosa, laboral, electoral, en fin, la que se quiera, tiene sus corruptelas y ejemplos. Y no podía faltar, por supuesto, la tutela que, como se sabe, pertenece a todas las jurisdicciones y es donde se ha consolidado una especie de justicia paralela.
Está dicho una y mil veces que si la sal se corrompe de ahí en adelante puede acontecer cualquier cosa. Pues bien, la sal está corrompida y no puede esperarse que ello no trascienda a otras órbitas, como viene sucediendo de hace tiempo. Mal haría el país, sin embargo, en meter en un solo costal a toda la judicatura. Ciertamente existen fiscales, jueces y magistrados probos que, a no dudarlo, constituyen la mayoría. Y por eso, precisamente, la minoría que desdice de la labor general requiere la sanción correspondiente. De lo contrario, la idea cada vez más extendida de que todo está corrompido terminará de desbarrancar a la justicia colombiana.
La razón de ser del Estado tiene, en principio, dos fundamentos que nacen de la delegación ciudadana prioritaria: la administración de justicia y la administración del orden público. Ello precisamente para que, como decía Hobbes, “el hombre deje de ser un lobo para el hombre”. De tal manera los ciudadanos, en aras del ordenamiento social y en su representación, admiten por anticipado y de alguna forma, pre-racionalmente, que agentes estatales investiguen y dicten sentencias y, de otro lado, que la Fuerza Pública sea portadora de armas y vele por la seguridad. Ese, justamente, el acuerdo base de toda organización política. Lo contrario, por descontado, es la ley de la selva.
Paralelamente, nada hace más daño a la noción de democracia que quienes están asignados para cumplir aquellas funciones esenciales del Estado sean correa de transmisión para la corrupción. La acción estatal, cuando es eficaz y positiva, tiene de su lado la confianza ciudadana, el activo más valioso del sistema democrático. A la inversa, cuando ella se pierde, como está ocurriendo con la justicia, la erosión es total. Podrán dictarse las leyes que se quieran, conseguir la paz, generar equilibrio social, pero sin un Estado creíble y confiable la anarquía será condimento de todos los días. Como sucede en la actualidad.
A los múltiples escándalos de los encargados de la justicia se ha añadido el de estos días: un supuesto caso en el que el hoy presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, habría sugerido la suma de 500 millones de pesos en su favor por maniobrar un fallo de tutela de segunda instancia que, en primera, ordenaba a Fidupetrol el pago de 22.000 millones de pesos, hace algo más de seis meses. El fallo de tutela, no obstante, fue confirmado con el voto favorable de Pretelt, de modo que la erogación para la empresa quedó en firme. Y está dicho además por el mismo ponente, magistrado Mauricio González, que Pretelt no intercedió ni tuvo nada que ver en la elaboración de la sentencia. No obstante es sabido, a efectos del delito de concusión, que la sola sugerencia de pedir dinero por parte de un funcionario estatal a cambio de alguna acción, llámese magistrado o el que sea, es suficiente para la tipificación. Tendría que demostrarlo así, sin embargo, el supuesto afectado, lo cual de inmediato pone en pugna la palabra de cada quien: la de un magistrado y la de un abogado representante.
Pretelt, como se sabe, se convirtió en magistrado estrella al poner coto a las pensiones de sus colegas. Lo que nunca nadie se había atrevido a hacer y le granjeó animadversiones en la Rama. Todavía peor con la nociva politización que sufre la justicia y de lo cual la Corte Constitucional es hoy ejemplo. Tampoco se puede perder de vista que el presunto caso irregular se habría presentado hace varios meses pero sólo aparecen las denuncias cuando el jurista acaba de acceder a la presidencia del máximo tribunal. Lo cierto es que ya su caso está en la Comisión de Acusación de la Cámara. Un fallo pronto y debido es lo mejor que le puede pasar a Pretelt.