* Urge garantizar debate serio y objetivo

* Partir de cifras y diagnósticos ciertos

 

Los primeros anuncios gubernamentales en torno a lo que será la agenda legislativa para este primer semestre dan cuenta de que una de las prioridades será la reforma a la salud. De hecho, el Gobierno confirmó que esta iniciativa, junto a la reingeniería pensional, podrían ser parte del paquete de proyectos que se empezará a discutir en próximas semanas, dada cuenta de que se citaría a sesiones extraordinarias a partir del 6 de febrero, sobre todo para empezar a analizar el Plan Nacional de Desarrollo.

Aunque desde el mismo arranque de la actual administración se viene debatiendo sobre las bases y alcances de una reforma al sistema de salud en Colombia, a lo largo de estos cinco meses está evidenciado que no hay muchos puntos de coincidencia entre la visión de la titular de la cartera y los distintos actores del esquema de aseguramiento y atención médica. Por el contrario, semana tras semana aumentó el pulso de criterios entre la ministra Carolina Corcho y los voceros de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), la red de prestadores de servicios (especialmente las clínicas y hospitales), las asociaciones de usuarios y pacientes, el sector farmacéutico, la academia y los expertos en los temas sanitarios.

Todo lo anterior derivó en una especie de ‘torre de babel’ a partir de los debates en el Congreso, las polémicas en los medios de comunicación, la discusión pública en las redes sociales y, sobre todo, por las distintas interpretaciones sobre la viabilidad financiera del actual esquema, sus estándares de calidad, la eficiencia en la atención oportuna a la población, el tipo de ajustes que se requiere, los mecanismos de regulación y vigilancia necesarios así como la concepción misma del modelo de servicio desde lo público y lo privado…

El choque de posturas ha desembocado en que se controvierte sobre el resultado de las encuestas o la certeza de los estudios de entidades multilaterales que ubican al sistema de salud colombiano en la parte alta del top mundial. Se llegó, incluso, al extremo de advertir una peligrosa ideologización política de la reforma o de acusar a instancias gubernamentales de querer prefabricar una crisis sectorial para justificar un borrón y cuenta nueva de todo el sistema.  

Visto lo anterior, queda claro que no se concretó la aspiración inicial en torno a que el análisis amplio de lo que debía o no contener la reforma podría llevar a que con el pasar de los meses se construyera un consenso mínimo al respecto.

Así las cosas, lo que corresponde ahora es que el debate en el Congreso sea abierto, participativo y democrático. Tratándose de un tema tan complejo y con tal impacto en el día a día de los colombianos, el Gobierno y su coalición parlamentaria no pueden proceder simplemente a imponer sus mayorías en las comisiones y las plenarias.

También es claro que se requiere partir de bases y cifras ciertas. Por ejemplo, no se ha podido establecer cuál es el monto real de la deuda de las EPS con la red de clínicas y hospitales. Tampoco hay claridad meridiana sobre la situación económica de muchas empresas públicas y privadas. Hay, igualmente, diagnósticos muy contradictorios sobre el nivel de eficiencia de los distintos actores del sistema y los grados de responsabilidad de cada uno de ellos en los problemas coyunturales y estructurales que a diario sufren millones de colombianos cuando demandan algún tipo de asistencia médica. Se requiere, igualmente, madurez y objetividad de todos los sectores para reconocer y admitir los puntos positivos y negativos del modelo sanitario en nuestro país, que los tiene en ambos campos. Si se insiste en criterios macartistas, no se podrá avanzar en una discusión realista y constructiva al respecto, con el riesgo de terminar en una reforma regresiva o de bajo alcance.

Como se ve, llegó la hora de debatir la reforma a la salud. El país lleva muchos años y varios gobiernos dándole vueltas al asunto y es claro que ya es tiempo de decisiones de fondo y concretas. Las modificaciones parciales aplicadas en la última década se han evidenciado insuficientes, como se constata el número creciente de EPS liquidadas e intervenidas, la desfinanciación progresiva del sistema, los focos de corrupción y desgreño, las deficiencias en la atención oportuna a la población y las falencias operativas de todo el esquema de asistencia médica, cuya dimensión gravosa fue más visible por el impacto de la crisis pandémica. Que aterrice, pues, el articulado y comience el análisis serio y objetivo.