* Neutralizar riesgo de incursión de “disidencias” de Farc
* Ofensiva de FF.MM. para asegurar corredor estratégico
La denuncia del gobernador del Meta en torno a combates el fin de semana en la región del río Duda, al sur de ese departamento, entre tropas del Ejército e integrantes de las llamadas “disidencias” de las Farc, es un hecho muy preocupante. Hace década y media, tras intensas operaciones sostenidas de las Fuerzas Militares y de Policía, se había logrado, por fin, desterrar de esa región al grueso de una guerrilla que por muchos años se había acantonado en ese corredor montañoso estratégico que conecta a la capital del país, por la localidad de Sumapaz, con Cundinamarca y los Llanos Orientales.
Fue esta una misión de largo aliento que comenzaría mucho tiempo atrás, con el recordado ataque a “casaverde”, uno de los campamentos más emblemáticos de ese grupo ilegal, en diciembre de 1990, con el trasfondo de las elecciones de la asamblea constituyente. Tanto en el mandato Pastrana como en los de Uribe se enfatizó en la necesidad de evitar un cerco sobre la capital del país, por lo que con los recursos del Plan Colombia, la activación de batallones de alta montaña así como de varias brigadas móviles y la reingeniería operacional de la Quinta División del Ejército, hacia finales de la primera década de este siglo la zona empezó a dejar atrás las infaustas épocas en que las Farc masacraban, asesinaban, secuestraban, extorsionaban, violaban y mantenían a la población acorralada bajo una estela de violencia armada y terrorismo permanente.
Desmovilizada una parte de las Farc en 2016, en el marco del acuerdo de paz con el gobierno Santos, el peligro de un resurgir de la amenaza subversiva en esa zona disminuyó aún más. Sin embargo, con el pasar de los años el país empezó a percatarse de que el desarme de esa facción subversiva fue apenas parcial y que, en realidad, se apartaron de las tratativas grandes contingentes, conformando lo que inicialmente se denominó como “disidencias” pero que hoy, para negociar con la administración Petro, se han dado en llamar “Estado Mayor Central”, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, el reemplazo de alias ‘Gentil Duarte’. Este último, como se recuerda, fue abatido el año pasado en Venezuela, al parecer por efectivos del Eln y de las “reincidencias” de las Farc, es decir de otros cabecillas y frentes que, bajo el liderazgo del ex jefe negociador en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, se reinsertaron hace siete años, pero al poco tiempo reincidieron en la actividad criminal y ahora se hacen llamar la “Nueva Marquetalia”.
Aunque desde el gobierno Duque se viene alertando el peligroso crecimiento de los grupos residuales de las Farc, sobre todo en los enclaves territoriales determinantes para el narcotráfico y la minería criminal, al punto que hoy se calcula que las dos facciones tendrían alrededor de cinco mil hombres-arma, las versiones que empezaron a circular semanas atrás en torno a la intención de volver a incursionar en el corredor estratégico Meta-Sumapaz prendieron aún más las alarmas sobre un grave retroceso en seguridad y orden público. Circunstancia que, incluso, tendría relación directa con la accidentada política de paz de la administración Petro, sobre todo por los gaseosos y constantemente incumplidos “ceses el fuego” pactados con las “disidencias” y “reincidencias”.
Tan pronto se conocieron las primeras denuncias sobre la posibilidad de que resurgiera el temido “frente 53” de las Farc en este corredor estratégico, las gobernaciones de Cundinamarca y Meta, la alcaldía de Bogotá y un sinnúmero de sectores políticos, económicos, gremiales, sociales e institucionales urgieron del Gobierno una medida contundente para neutralizar este riesgo. El Ministerio de Defensa así como las Fuerzas Militares y de Policía activaron de inmediato la llamada “Operación Ezequiel” con el fin de redoblar el pie de fuerza y la presencia institucional en la extensa zona. Incluso la semana pasada, los mandatarios seccionales y la burgomaestre capitalina estuvieron allí, junto a los comandantes de las brigadas XIII y VII, que reiteraron que con más de 12 mil hombres se evitará cualquier incursión de los grupos residuales de las Farc.
Por lo mismo, los combates del fin de semana entre el Ejército e ilegales en la región del cañón del río Duda, puede ser vista de dos maneras. La primera, y preocupante: sí hay presencia en la región de facciones armadas ilegales, incluso enfrentadas militarmente entre ellas. Y la segunda, más reconfortante: que la Fuerza Pública ya está a la ofensiva para erradicarlas de nuevo, evitar que la población empiece a quedar otra vez bajo el imperio de los violentos y fortalecer el blindaje militar y policial al centro del país. Un retroceso en cualquiera de estos tres objetivos sería supremamente grave para el Estado.