En vilo elección de varios directores ejecutivos
En riesgo aplicación de la política ambiental
La semana pasada la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta en torno a que en siete Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se encuentra en vilo el proceso de elección de los respectivos directores regionales, lo cual no solo es preocupante porque se agota el plazo para dicha escogencia, sino porque, según el Ministerio Público, en algunos casos persisten las prácticas y maniobras con el objetivo de dilatar dichos mecanismos.
Lo más grave es que esta problemática venía siendo advertida desde hace varios meses. De hecho, en la tercera semana de octubre el mismo ente de control disciplinario había pedido al Gobierno nacional culminar con los procesos de nombramientos de los representantes de la Presidencia de la República para integrar los consejos directivos de las 33 corporaciones. Esa dilación, de acuerdo al Ministerio Público, podría estar incumpliendo lo previsto en la Ley 99 de 1993, y en el Decreto 1076 de 2015.
Según se explicó, la demora en esas designaciones por parte de la Casa de Nariño estaba dificultando el proceso de escogencia de los directores regionales, sobre en cuanto a que dicha selección se realizara con la totalidad de los miembros de los consejos, en atención al principio democrático y de mayor representatividad en dichas instancias claves para la vigilancia e implementación de las políticas transversales de ambiente y desarrollo sostenible.
La solicitud de la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero y Energéticos y Agrarios se hizo tanto a la ministra de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en su condición de cabeza del sector ambiental y coordinadora del Sistema Nacional Ambiental (SINA), como al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
Unos días después el señalado Ministerio indicó que, debido a acciones de recusación y tutela presentadas por la ciudadanía frente a los procedimientos de elección de los directores de las corporaciones, ese mecanismo se había suspendido en ocho de las once entidades que tenían prevista su realización el 25 de octubre. Se anunciaron las medidas del caso para resolver cada una de esas trabas y se prometió que en cuestión de corto tiempo todo estaría resuelto.
Aunque se creía que después del requerimiento de la Procuraduría y el pronunciamiento gubernamental la situación se solucionaría, la semana pasada el Ministerio Público consideró que la falta de elección de los directores regionales en las siete corporaciones constituía un riesgo para la gestión funcional de las mismas, ya que, como se dijo, se está a pocas semanas de culminar el plazo para la elección y el inicio de los periodos cuatrienales.
De acuerdo con el balance presentado, en 25 corporaciones ya se cumplió esa escogencia. Es más, mientras que en 21 casos la escogencia se hizo dentro de los cronogramas iniciales, en las restantes cuatro solo se cumplió ese procedimiento tras resolver acciones de tutela o recusaciones.
Frente a los siete casos que se mantienen en vilo, la Procuraduría anunció que buscará intervenir a través de la creación de un espacio de diálogo entre las corporaciones y el Ejecutivo que permita resolver las “fricciones y desacuerdos” que ponen en riesgo la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad del SINA.
La demora tiene otra consecuencia nociva: acorta de forma preocupante los lapsos que se tienen para el respectivo empalme entre las administraciones de las corporaciones salientes y las entrantes. Una transición ordenada e informada es clave, de un lado, para establecer cortes de cuentas y saber qué tanta efectiva o deficiente fue la gestión y, de otro, evita que se presenten vacíos de poder e institucionalidad en la función primordial de las CAR. No hay que olvidar, por ejemplo, que entre las mayores emergencias en estos momentos se encuentra el fuerte impacto que está teniendo el Fenómeno del Niño en muchas regiones, especialmente por el riesgo de sequías prolongadas.
Como se ve, es urgente que desde el Ejecutivo se tomen cartas más definitivas en el asunto. No solo porque, como es sabido, las CAR han sido blanco de politiquería y desgreño presupuestal, sino porque ahora hay un evidente pulso por incidir en la elección por parte de gobernadores y alcaldes salientes y entrantes. También se han escuchado denuncias en torno a que desde el Gobierno se ha tratado de influenciar las escogencias, complicando aún más el panorama. Todo ello lleva a que la política ambiental esté en vilo en momentos en que hay muchas prioridades en juego.