* Gobierno, minoría en nuevo mapa de Congreso

* Reformas tienen una oportunidad de salvación

Complicada. Así es la recta final de la primera legislatura del actual Congreso. Proyectos de primer orden para el Gobierno enfrentarán en las próximas seis semanas una verdadera contrarreloj. El cronograma es bastante ajustado, al punto que se da por descontada una citación a sesiones extraordinarias. Serían las segundas este año, pues a comienzos de febrero Senado y Cámara fueron llamados a trabajar de manera anticipada.

El panorama en el Parlamento es bastante convulso. De un lado, la accidentada aprobación en las plenarias de Senado y Cámara, la semana pasada, del proyecto del Plan de Desarrollo dejó en claro que el nuevo mapa político configurado tras la ruptura de la coalición oficialista es adverso a los intereses de la Casa de Nariño. Como se sabe, esa crisis de gobernabilidad llevó al segundo remezón ministerial en nueve meses de gestión y generó un gabinete más afincado en la centroizquierda.

Si bien la iniciativa del Plan terminó recibiendo el visto bueno, varios de los artículos más polémicos impulsados por el Ejecutivo y, en especial, algunas de las facultades extraordinarias que se pedían para el Presidente de la República, terminaron siendo eliminadas. Los votos de los partidos Conservador, Liberal y de La U, que ya no hacen parte de la alianza petrista, fueron determinantes en esos reveses en temas de primer orden para el Gobierno. A ello debe sumarse la anulación de la elección del presidente del Senado, principal instrumentador político de la Casa de Nariño en el Congreso, por cuenta de un fallo del Consejo de Estado que lo sancionó por doble militancia. Y, como si lo anterior fuera poco, el ambiente político está muy caldeado debido a las peleas casadas por el Jefe de Estado con algunos jefes partidistas, su duro enfrentamiento con la rama judicial, los roces con los gremios e incluso sus laberínticos llamados a las bases populares para que presionen al Legislativo a sacar avante las reformas de salud, pensional y laboral.

El panorama para esas tres iniciativas no es fácil. La primera, apenas comenzará mañana el debate a fondo en la Comisión Séptima de Cámara. Es claro que si el Gobierno no acepta concertar con liberales, conservadores y La U, introduciendo ajustes de fondo en el articulado, la reforma podría hundirse en esta instancia o en la plenaria. Aunque el nuevo Ministro del Interior insiste en su polémica estrategia de romper la unidad de los partidos y ‘reclutar’ parlamentario por parlamentario, las directivas de esas tres colectividades ya advirtieron que aplicarán la Ley de Bancadas para garantizar el voto en bloque.

A la reforma de salud le hace ‘cola’ la laboral. Aunque solo el viernes próximo habría ponencia, ya las bancadas de oposición así como conservadores, liberales y de La U advirtieron fuertes peros a sus alcances, haciendo eco de las advertencias del sector privado, centros de estudios económicos y la academia.

No menos nublado es el panorama para la reforma pensional, de la cual aún no hay ponencia para primer debate en la Comisión Séptima del Senado. No solo afronta dura resistencia de las bancadas de centro y centroderecha, sino que incluso en las toldas de la Alianza Verde, que hace parte de la ahora minoritaria coalición gubernamental, hay prevención por las propuestas para modificar el régimen de jubilación.

Igualmente, ocurre con dos de los proyectos bandera para instrumentar la accidentada política de paz y convivencia: el de “humanización carcelaria” y el que propone un esquema penal y penitenciario flexible para que las bandas criminales de macrocrimen, tipo ‘Clan del Golfo’, se sometan a la justicia. Los peros y reservas a estas iniciativas son múltiples.

Junto a esos proyectos de reforma hay otras apuestas clave para el Ejecutivo que si bien están más adelantadas en cuanto a trámite parlamentario, deberán afrontar su apretada recta final en medio del ya descrito mapa político adverso a la Casa de Nariño. En este bloque figuran iniciativas como la que crea la Jurisdicción Agraria, la prohibición del fracking o las reformas para disminuir salarios y vacaciones de los senadores y representantes. Todo ello sumado a una amplia agenda de proyectos de origen parlamentario que han venido avanzando poco a poco en comisiones y plenarias.

Como se ve, el remate de la primera legislatura es muy complicado. Hay, sin embargo, una luz de esperanza para salvar gran parte de la agenda legislativa: que el Gobierno abandone sus tesis radicales, acepte concertar las reformas y escuche las sugerencias de los sectores que apoyan los ajustes, pero urgen adecuarlos a las realidades y necesidades del país, dejando de lado una lesiva ideologización de izquierda y partiendo de la base de construir sobre lo construido y no del principio de ‘tierra arrasada’.