Drástico informe de Transparencia Internacional
Delito de ‘cuello blanco’ y percepción ciudadana
Según el Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional, Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100, siendo cero la mayor percepción de corrupción y 100 la menor. Esto implica, entonces, que entre los 168 países evaluados nuestra nación ocupa el puesto 83. No existe, en consecuencia, un progreso significativo en materia de cultura de la legalidad pese a las políticas gubernamentales, las investigaciones de las autoridades, los compromisos del sector privado y las campañas de concientización de la sociedad civil implementadas respecto a la relación con el sector público. En las evaluaciones de los tres años anteriores Colombia ocupo prácticamente el mismo lugar, poniendo en evidencia que falta mucho camino por recorrer para que el Estado sea percibido como un ente trasparente y garantista. A nivel continental, entre los 26 países que son evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 12 de la tabla, por debajo del puntaje promedio de la región y muy lejos de las naciones con calificaciones aceptables, como Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Chile, que están por encima del puesto 70.
No se puede negar que las instituciones nacionales, regionales y locales han sido más proactivas en la implementación de mecanismos y legislaciones que combatan las prácticas corruptas en lo público. Sin embargo, los continuos escándalos por prevaricatos, peculados, abusos de poder, desviación presupuestal, anomalías en contratación, uso un debido de bienes oficiales, tráfico de influencias, sobornos, politiquería y otros tantos flagelos que medran alrededor del erario y el accionar del Estado, ponen de presente que esa cultura de la ilegalidad es muy difícil de derrotarla. Si bien los cálculos tienden a ser muy variables, aún resuenan esos diagnósticos según los cuales la corrupción podría estar moviendo el equivalente a más de cuatro millones de pesos al año en Colombia, según se dijera tiempo atrás.
Algunos analistas advierten que el gran problema de nuestro país radica, no en la ausencia de una legislación anticorrupción drástica, sino en que su aplicación es muy deficiente, a tal punto que sigue profundizándose en la psiquis nacional una peligrosa percepción en torno a que a los delincuentes de ‘cuello blanco’ que esquilman las arcas oficiales o utilizan sus cargos o gestiones ante el Estado para privilegiar intereses particulares, no terminan pagando por sus crímenes. Incluso si llegan a ser procesados terminan siendo condenados a penas pírricas o, tras aceptar cargos, quedan en libertad de inmediato o con prisión domiciliaria, en la mayoría de los casos sin reparar las millonarias pérdidas al erario causadas por sus actuaciones ilícitas.
A comienzos de diciembre pasado el Gobierno hizo un corte de cuentas en torno a los resultados de sus políticas anticorrupción, señalando avances legislativos como el Estatuto del ramo, la ley anticontrabando, la reactivación del Comando Anticorrupción liderado por Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, así como la firma de tratados internacionales y convenios con el sector privado para garantizar las transparencia en la relación con el Estado. Por igual se hizo un inventario de los procesos penales, fiscales, disciplinarios y administrativos adelantados en el último año en relación a delitos contra la administración pública. Todo ello es significativo, sin embargo la percepción sobre los índices de corrupción en Colombia no mejora sustancialmente y, por el contrario, la majestad del servicio público es un valor que se deprecia cada día más en nuestro país.
Paradójicamente una de las conclusiones del capítulo local de Transparencia Internacional enfatiza en que la corrupción puede ser el mayor riesgo para una paz estable y duradera, por lo que se enfatiza en la necesidad de un sistema judicial transparente y diáfano, unas fuerzas de seguridad confiables, órganos de control eficaces e independientes, gobernantes que rindan cuentas permanentemente y un control ciudadano más activo y determinante para vigilar el correcto accionar de los funcionarios públicos. Esa conclusión termina siendo más importante aún dado que en estos momentos se discute en La Habana uno de los subpuntos del punto 3 de la Agenda de Negociación entre Gobierno y Farc referido, precisamente, a la lucha anticorrupción.
Las instituciones nacionales deben redoblar sus esfuerzos contra las redes de corrupción de alto, mediano y pequeño nivel que pululan en Colombia, más aún cuando cada vez que temas como la necesidad de una reforma tributaria se pone sobre la mesa, como ocurre ahora, la reacción de la mayoría de los ciudadanos es que no hay que crear más impuestos sino evitar que se sigan robando los que ya se pagan.