La contaminación acústica y sus consecuencias en materia de problemas de audición no solo son graves, sino crecientes. De hecho, cifras de la Organización Mundial de la Salud evidencian que no menos de 400 millones de personas en el planeta necesitan dispositivos para poder escuchar bien y −un dato que alarma− el 80% de esa población no puede acceder a estos, debido a la falta de recursos económicos y humanos, así como a la estigmatización. Es más, se calcula que para mitad de este siglo no menos de 2.500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida de audición y cerca de 700 millones necesitarán rehabilitación.

No menos graves es que, de acuerdo con la agencia global sanitaria, más de 1.000 millones de adolescentes y jóvenes se exponen al riesgo de padecer una pérdida auditiva permanente, debido a que escuchan música a gran volumen durante largos periodos, este riesgo aumenta en la edad adulta, sobre todo por una mayor exposición “acumulada” a ruidos provenientes de entornos recreativos, laborales y ambientales, entre otros.

En Colombia el panorama también es preocupante. De acuerdo con el Ministerio de Salud, con base en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2024 se identificó un 10,2% de hombres, mujeres y niños con discapacidad auditiva, de las cuales el 37,7% asistían ya a consulta de rehabilitación por fonoaudiología, en tanto que el 1,2% utilizaba dispositivos de apoyo como audífonos, trompetillas o implantes.

Visto lo anterior, resulta una buena noticia para el país que esta semana, al celebrarse el Día Mundial de la Audición, haya entrado en vigencia la llamada “Ley contra el ruido”, aprobada el año pasado por el Congreso.

Se trata de uno de los más importantes avances normativos en materia de salud en los últimos años. No solo porque establece un marco de prevención y castigo a las fuentes y personas que incurren en contaminación por ruido, sino porque también ordena que Colombia formule una Política Pública de Calidad Acústica, señalando responsabilidades a distintos ministerios, entidades y a las autoridades para propender y garantizar un ambiente sano en materia sonora.

La nueva ley (2450 de 2025) establece de manera detallada el procedimiento para combatir este tipo de contaminación en ciudades y municipios de todas las categorías. Señala las sanciones pecuniarias que pueden ir desde dos hasta 800 salarios mínimos mensuales. Igualmente, precisa cómo y cuándo se debe intervenir en los espacios públicos y privados, haciendo las respectivas diferenciaciones entre eventos masivos y particulares. Por ejemplo, hay distintas maneras de reaccionar ante un concierto que fue autorizado, pero que excede los límites de decibeles o ante las personas que en su casa o la puerta de la misma ponen a funcionar un equipo de sonido a todo volumen, perturbando a sus vecinos. Igual se regula lo que pasa con los establecimientos comerciales que inundan las áreas comunes con promociones altisonantes que alteran la convivencia, con los vendedores ambulantes que van de lado a lado con megáfonos a la máxima potencia o vehículos modificados para que sus escapes y motores suenen más duro. También se faculta a las autoridades para ser más eficaces ante actividades industriales muy ruidosas o sitios de rumba que funcionan a altas horas de la noche y no dejan dormir a los vecinos…

Con el objetivo de que la aplicación de la norma no se quede en el aire se fijan plazos perentorios a ministerios como los de Salud, Ambiente y Vivienda para presentar o actualizar las políticas, reglamentos, costos de afectación e indicadores acorde con su competencia en la materia, señalando las rutas de reacción en cuanto a los niveles de prevención, alerta y emergencia. La creación de los llamados “mapas de ruido” será una herramienta principal en todo este proceso de mitigación y control.

Un tema clave es que se activan herramientas para que se trabaje desde el punto de vista preventivo y de concientización ciudadana sobre la necesidad de entender que el exceso de ruido produce una afectación de salud y de múltiples derechos y, por ende, es responsabilidad del Estado y de la población propender por el respeto a las normas sobre límites de emisión. Será muy interesante ver cómo se aterriza en marcos normativos realistas y eficaces la obligación de cumplir los parámetros de confort acústico y de aislamiento acústico, sobre todo en edificaciones y otras fuentes sonoras o de vibración principales.

Como se ve, Colombia se lanza ahora en una cruzada contra el ruido. Lo importante es que la nueva ley no quede en el papel.