*De la teoría constitucional a la praxis

*¿Abolir las senaturías nacionales?

En  1991, una de las reformas más  importantes ha sido crear la figura del senador nacional. Se decía que el  sistema de listas de senadores por Departamentos, que tenía relación directa con la elección de los representantes a la Cámara, los diputados, concejales y las roscas en torno del poder, tendía a fomentar los feudos podridos, en el entendido de que éstos  lograban presionar al Presidente de la República para que les nombrase un gobernador de bolsillo.  Incluso se daba el caso de barones electorales que acumulaban tal poder en las regiones que volvían hereditaria la elección al Congreso al sucederse de padres a hijos y otros parientes. Se aducía contra los feudos podridos que los dueños del electorado cautivo al apoyar un candidato presidencial le exigían como contraprestación la Gobernación, con el consiguiente manejo enervante de los cargos públicos y la contratación, que  degeneraba en el enriquecimiento de unos pocos, el atraso en obra públicas y la mala administración. Entre los numerosos argumentos a favor de la creación de la Circunscripción Nacional del Senado, eventualmente, se buscaba  llevar al Senado personalidades de gran prestancia intelectual, profesional, capaces de conseguir el apoyo popular y de presentar grandes proyectos y promover el desarrollo nacional. Estos senadores comprometidos con la Nación constituirían una suerte de Senado Admirable y muy respetable frente al Ejecutivo y los legisladores de la Cámara de Representantes. Y, digamos que, secretamente o apenas para un círculo de los delegatarios de 1991 de lo que se trataba era de horadar el sistema bipartidista, para que movimientos y nuevos partidos pudiesen hacer alianzas y romper con el predominio de los caciques partidistas locales con la suma de votos nacionales que podían conseguir. Proyecto que incluyó, para debilitar el poder presidencial, la elección popular de gobernadores.

En la praxis, como se recuerda, volvieron al Senado casi los mismos que representaban los antiguos feudos podridos, o, en su defecto,  sus parientes o elementos a su servicio. La votación para ir al Senado a pesar de ser nacional en algunos casos resultó inferior a la que ciertos caciques ponían antes en sus Departamentos por el sistema de listas. Puesto que aumentó el número de aspirantes y de listas. El rimbombante titulo de senador nacional no consiguió la finalidad de elegir a los mejores al poder. Si bien se dan casos notables de capaces y eficientes legisladores, como regla general impera la medianía. Y se propició en la práctica una gravísima desviación moral en cuanto varios de los flamantes senadores nacionales que tenían que salir a buscar votos por todo el país se desvincularon un tanto de su base territorial y con las gentes de su Departamento. Al tiempo que varios Departamentos se quedaron sin representación al Senado, en cuanto los políticos de las regiones más pobres  carecían de fondos para recorrer el país en una suerte de mini campaña presidencial electoral. Contra lo que se esperaba con la iniciativa de elevar la calidad de los senadores, lo que se produjo fue una especie de involución que favoreció a los que más dinero tuviesen, lo que les permitió a las asociaciones ilegales y los grandes grupos formales de presión financiar a sus agentes al Senado. Por esa vía y la rebatiña que se presentó en todo el país por la compra de votos se degradó la democracia. Con notables y respetables excepciones, ir al Senado se convirtió en un simple negocio y un forcejeo entre chequeras, dejando de lado la prestancia de los candidatos y las propuestas con las que supuestamente se conseguiría mover limpiamente al electorado. Para colmo, al mismo tiempo, se creó en 1991 la Corte Constitucional, pronto entró a legislar. Lo que determinó que cinco magistrados de esa Corte puedan alterar las leyes aprobadas por el Senado nacional y el resto del Congreso, incluso con la firma del Jefe del Ejecutivo. Por primera vez en la historia de manera antidemocrática se consagra ese sistema propio de los regímenes parlamentarios. Siendo una de las muchas incongruencias que nos dejó la Carta de 1991. Lo que viene generando grandes problemas, en cuanto en últimas el poder real lo tienen cinco magistrados que pueden fallar en contra del parecer de 40 millones de colombianos. Lo que no fue en ningún caso la intención de los legisladores de 1991, sino que se impuso por la audacia de los primeros magistrados de esa institución que resolvieron dizque desarrollar la Constitución.

Parece que ahora se intenta presentar un proyecto para volver al sistema de los senadores por Departamento.  En principio el tiempo no da para acuerdos que permitan lograr ese objetivo. Reformas como esa que El Nuevo Siglo ha defendido en otras oportunidades debe ir acompañada de otras de fondo para fortalecer el Estado y la democracia, siendo más propia de una constituyente.