Uno de los flagelos más vergonzantes para el Estado colombiano en su conjunto tiene que ver con la persistencia de los casos de desnutrición infantil. Pese a las múltiples estrategias que se han implementado en la última década en tres gobiernos distintos, los índices de morbilidad y mortalidad por este déficit alimentario crítico continúan creciendo, sobre todo en departamentos como La Guajira y el Chocó.

Pero no solo es el tema de la desnutrición. El problema del hambre en Colombia se ha venido complicando. De hecho, el año pasado un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que no menos de 3,4 millones de personas en nuestro país estaban pasando hambre, en tanto que alertó sobre los índices de seguridad y soberanía alimentaria.

Esta semana la Procuraduría alertó la preocupación que existe en torno a la prevención de la muerte por desnutrición de niños y niñas menores de 5 años, razón por la cual, urgió a las autoridades nacionales y territoriales adoptar medidas más eficaces para detener los altos índices de mortalidad y morbilidad por esta causa en el país.

De hecho, el Ministerio Público trajo a colación el informe del Instituto Nacional de Salud para la semana epidemiológica 4 de este año, lapso durante el cual se reportaron doce casos, siendo Chocó y La Guajira los de mayor incidencia. En el mismo periodo se registraron un total de 1.746 casos por enfermedad asociados a desnutrición, con Bogotá, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Chocó a la cabeza.

Paradójicamente, días atrás el Ministerio de Salud había destacado que el año pasado hubo una “disminución histórica” de la mortalidad en menores de cinco años en la tasa nacional, pero aclaró que ese dato contrastó con el aumento de la detección y notificación de casos por desnutrición aguda, moderada y severa durante los últimos dos años.

Visto lo anterior, es imperativo que se acoja el llamado de la Procuraduría a las autoridades para que se revisen las dificultades que se están presentando en la atención a los niños y niñas con riesgo o diagnóstico de desnutrición en los territorios. También se solicitó que se asegure su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De igual manera, son necesarias estrategias integradas para la atención y seguimiento prioritario a los casos en contexto de migración, desplazamiento forzado y victimizaciones por conflicto armado o cualquier otra situación de vulneración de derechos.