Para un país que como Colombia lleva varias décadas de combate frontal al narcotráfico, una cruzada en la que se han perdido muchas vidas, sobre todo de integrantes de la Fuerza Pública, la Policía y otros organismos de seguridad, puede resultar entre extraño y llamativo que en Ecuador esta semana el Congreso de ese país aprobara una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Militares entrar a colaborar en la lucha contra los carteles de la droga y los delitos derivados.

La explicación radica en que la normatividad vigente en la vecina nación señala que por ser un delito común la producción y comercialización de narcóticos, es a la Policía y otras instancias no castrenses a las que les corresponde reprimirlo, ya que los estamentos militares tienen funciones de resguardo de la soberanía y vigilancia fronteriza. Solo mediante estados de excepción pueden participar de operaciones de control del orden público interno.

Así las cosas, desde tiempos del anterior presidente Guillermo Lasso, como un mecanismo para responder a la escalada de violencia protagonizada por las mafias en zonas portuarias, ciudades del interior y la red carcelaria, se había propuesto citar a un referendo para que la ciudadanía tomara una decisión en torno a permitir que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pudieran hacer parte de las operaciones contra el narcotráfico, que en los últimos años no solo se afincó en varias partes del país, sino que se alió con bandas criminales nacionales y extranjeras para desatar una guerra por el control de los corredores de tráfico y exportación de drogas. Además, este fenómeno empezó a permear muchos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales. Incluso, la llamada “narcopolítica” estaría detrás del asesinato de un candidato presidencial a mediados de este año.

Lasso no pudo concretar la propuesta porque la Corte Constitucional le indicó que esa reforma debería pasar primero por el Congreso y después sí ser sometida al constituyente primario vía referendo.

Ahora, bajo el gobierno de Daniel Noboa, las mayorías  gubernamentales en la unicameral Asamblea Nacional aprobaron, con el voto a favor de 125 de los 137 titulares, la mencionada reforma y el Ejecutivo tiene 45 días para citar a la ciudadanía y que esta en las urnas tome la decisión final sobre autorizar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el combate al crimen organizado, que comprende no solo el narcotráfico, sino otros flagelos como el lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación a la población, entre varios delitos de alto impacto. Incluso podría participar de operaciones para restablecer el orden en las cárceles, esto porque en el último año los penales han sido escenario de masacres y violentos motines.