La sensatez de la ley
Licencias ambientales en vilo
INSOSTENIBLE, desde luego, el caso de la Drummond que insistía en mantener en barcazas el cargue del carbón por la Ciénaga de Santa Marta. Histórica, por lo tanto, la decisión del presidente Juan Manuel Santos de hacer valer la ley que exigía, a partir del primero de enero de este año, el cargue directo del mineral a los barcos carboneros. Y relevante, igualmente, las posiciones de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y del superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, en sostener, cada uno dentro de sus funciones, el principio de legalidad en defensa del medio ambiente. Es la demostración de que los derechos colectivos, en este caso los ambientales, deben prevalecer sobre el interés particular, así ello signifique un momentáneo desfinanciamiento del tesoro público. Tal y como lo ha dicho con tino la ministra Sarmiento, lo que estaba en juego aquí era la institucionalidad y la prevalencia de la ley.
Ahora no se podría esperar menos de la Drummond que reconocer sus errores y hacer lo que más pueda por recuperar la confianza perdida de los colombianos. Tienen una oportunidad de oro para comprometerse, decididamente, con el medio ambiente no solamente en Santa Marta, sino también en las propias minas donde las circunstancias ambientales, muchas veces, resultan deplorables y por lo demás nocivas para la salud. Ya de antemano a la Drummond se la habían suspendido, hace un año, sus labores en el cargue de carbón por barcazas, precisamente por no haber avisado al Ministerio de Ambiente en la debida oportunidad los estragos causados por una de ellas. Esto, como lo dijo el Gobierno en ese momento, conllevaría una sanción ejemplificante que ciertamente terminó siendo así luego de que la compañía recurriera a recusaciones y otras trabas improcedentes. No obstante, se pensó que como lección del incidente la compañía entraría en razón para, en efecto, realizar el cargue directo a partir del 1 de enero. Pero no ocurrió. Por descontado aducirán que no pudieron terminar las obras del puerto en el tiempo debido fruto de circunstancias ajenas. Sin embargo, en este caso, el medio ambiente no está para prórrogas, después de décadas de contaminarse la bahía de Santa Marta, solo en tiempos recientes poniendo coto a la afectación.
En ello, hay que decirlo con todas las letras, ha jugado un papel preponderante el periodismo local samario, en especial el de Alejandro Arias, quien a fuerza de denuncias puso el foco en la materia. De hecho, ha encontrado un buen receptor en el gobierno Santos, según él mismo lo ha dicho, luego de que tantas quejas cayeran en el vacío.
Siendo Colombia uno de los países de mayores energías limpias en la América Latina, puesto que éstas proceden en un 70 por ciento del recurso hídrico, no se entendía, en cambio, como, para efectos de las exportaciones, se dejaba de poner en cintura a las carboneras. Sabido está que el carbón es uno de los factores más nocivos para el medio ambiente y que el tratamiento minero, en tal caso, debe ser absolutamente riguroso y concreto. No valía, pues, simplemente compensar en unas multas mientras se terminaba el puerto de cargue directo. Era necesaria una acción más drástica que demostrara el compromiso del presidente Santos, como de suyo lo ha sido desde que comenzó el Gobierno. No solo, ciertamente, por haber refundado el Ministerio en mala hora cerrado por gobiernos anteriores, sino igualmente por haber creado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), además, entre otras muchas situaciones, en haber permitido, por el principio de precaución, la creación de reservas de recursos naturales temporales, en millones de hectáreas, a fin de protegerlas de la minería indiscriminada, que apareció luego de otorgar títulos a la topa tolondra. No hay duda de que de alguna manera se viene logrando eso tan difícil del desarrollo sostenible, producto de la civilización contemporánea, que consiste en una línea intermedia entre el progreso económico y el uso de los recursos naturales como, en igual o mayor proporción, la defensa del medio ambiente y sus necesidades futuras, en especial la protección del agua.
Hoy, los ojos colombianos están puestos, como se dijo, en la conducta que vaya a asumir la Drummond. No valen para el caso estratagemas o condicionalidades, sino que la compañía debe entrar por la ruta insoslayable e imprescriptible de la defensa del medio ambiente. Lo contrario sería de lamentar, puesto que a no dudarlo las licencias, tanto de la Drummond como de las compañías que allí operan, quedarían irremediablemente en vilo.