SIGUEN CONOCIÉNDOSE detalles del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde según los principales testigos e implicados, el exdirector Olmedo López y Sneyder Pinilla, se sacaron cuantiosos recursos por instrucciones de integrantes del alto Gobierno para darle a congresistas para apoyar las reformas de la Casa de Nariño. Se supo ayer que dos discos duros de dos portátiles asignados a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, se perdieron de su oficina luego de entregar el cargo.

La Casa de Nariño confirmó en un comunicado que esto ocurrió, “frente a la pérdida de datos de dos computadores asignados a la Consejería Presidencial para las Regiones, la Presidencia de la República se permite informar que:

1. En días pasados, durante la entrega a la nueva administración de la Consejería de Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otra sin memoria asignados a contratistas del equipo de esta dependencia.
2. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han puesto en marcha todos los procedimientos de control interno administrativo pertinentes para verificar lo ocurrido.
3. El área de sistemas del despacho de Presidencia está revisando la información recopilada y está a la espera de avances para, en caso de que sea necesario, proceder con acciones conforme a la ley y dar curso a las entidades pertinentes.
4. Cualquier hallazgo de interés público que se confirme como resultado de este caso será comunicado de inmediato a las autoridades competentes”.

Sandra Ortiz llegó al Gobierno en representación del Partido Alianza Verde; sin embargo, renunció el pasado 6 de mayo, tres días después de que Pinilla asegurara que entregaron dineros del polémico contrato para comprar 40 carros cisterna para llevar agua a La Guajira en la etapa más fuerte del fenómeno del Niño, a los presidentes del Senado, Iván Name, $3.000 millones; y de la Cámara, Andrés Calle, $1.000 millones, supuestamente para se aprobaran las reformas del Gobierno.

Pinilla dijo que “la doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”.

El pasado 3 de mayo, Ortiz dijo en un comunicado que “rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre”.

Petro: corruptos irán a la cárcel

El jefe de Estado dijo ayer: “Los cupos indicativos de contratación para parlamentarios fueron denunciados por mí mismo, como parlamentario en debate del 5 de junio del 2002, en la Cámara de Representantes”.

Sostuvo: “di orden terminante de no ejercer dicha práctica en mi gobierno. Y de destruir todo fondo dedicado a ello, fondos presupuestales que en EE. UU., se llaman el «barril de los puercos». Se han encontrado en el DPS, en la Ungrd, en el ICBF, en regalías en general y para la paz”.

Aseguró el mandatario que “si la versión de Olmedo sobre los tres contratos gestionados por los parlamentarios y funcionarios que, abusivamente y engañosamente, señala Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al Eln, debo decir que esos contratos no se verificaron, es decir nunca salió dinero público a su objetivo” porque “yo mismo, como presidente de la República, pedí la renuncia de Olmedo”.

Agregó que “cuando Olmedo encontró la olla de corrupción desde hace años consolidada en la Ungrd, debió en lugar de acomodarse a ella, denunciarla al presidente y a la justicia tal como lo hace el actual director”. Enfatizó el jefe de Estado “eso es lo que yo le exijo a cualquier funcionario que quiera participar del Gobierno del cambio. Si no, no merecen estar en este gobierno y si delinquen deben ir a la cárcel”.

Investigarán al ministro de Hacienda

La Fiscalía habría abierto una investigación preliminar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, según la revista Semana, que dijo que fuentes en la entidad le dieron esa información. También a Carlos González, director de la Dirección de Inteligencia; Luis Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, por este escándalo.

También se conoció ayer que una investigación periodística hecha por RCN reveló información vinculada a una solicitud de un crédito público millonario hecho por el Ministerio de Hacienda, por el orden de 700.000 millones de pesos, vinculado al escándalo de corrupción al interior de la Ungrd, que se encuentra bajo la lupa de las autoridades.

Según el reporte, a petición del ministro Ricardo Bonillo, el crédito fue concertado con el Banco de Desarrollo de Alemania, por la suma de 150 millones de autos (700.000 millones en pesos colombianos). La aprobación de dicho préstamo el año pasado implica a varios congresistas, muchos de los cuales han sido mencionados en el escándalo de la Ungrd.

Tal crédito fue sometido a votación ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el 12 de diciembre de 2023. Pero lo que más llama la atención es que dicha comisión está constituida por los senadores Liliana Bitar (Partido Conservador), Imelda Daza (Comunes) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); pero también por los representantes Juan Peinado (Partido Liberal), Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manríquez (Curules de Paz) y Jhon Freddy Núñez (Curules de Paz).

Como es sabido, muchos de ellos fueron salpicados por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, en medio de sus declaraciones ante la Corte Suprema, ya que, según el exfuncionario, se beneficiaron los contratos derivados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a cambio de votos en el Congreso de la República, en favor de las reformas del gobierno Petro.

De acuerdo con la resolución 3333 de 2023, la cual fue emitida el 20 de diciembre, donde queda establecido todo lo concerniente al crédito público, el Ejecutivo adquirió una cuota de pago equivalente a 15 cuotas cada seis meses consecutivas o iguales. Según RCN, la primera se pagaría el 15 de mayo de 2027 y la última el 15 de mayo de 1034.

Además, informó que llama la atención de ese crédito público el establecimiento de una comisión de gestión de 0,50% sobre el monto del préstamo. Este debe ser pagado por el prestatario por una sola vez. Asimismo, se estipuló una comisión de compromiso de 0,25% anual sobre montos por desembolsar del préstamo.

Ese compromiso era de libre destinación y rápido desembolso, ya que así lo permitía el Consejo Nacional de Política Económica y Social del 21 de marzo de 2023, “donde se dejó establecido que estos créditos debían ser solicitados ante la ocurrencia de desastres de origen natural o no intencional”.

“Por eso que cuando se emite esta segunda resolución, la 3202 por parte del Ministerio de Hacienda se especifica que los 150 millones de euros o 700.000 millones en pesos colombianos deben ir al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, dineros que, una vez desembolsados, pretendían ser destinados a los hoy controvertidos proyectos en el departamento de Arauca”, indicó el reporte de RCN.