* ¡Plenarias solo tienen seis días para analizarlo!
* Desfiguración del mandato constituyente del 91
Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes comienzan hoy el debate del proyecto de ley mediante el cual se establece el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, denominado “Colombia, potencia mundial de la vida”. La iniciativa, a grandes rasgos, proyecta una inversión de $1.154 billones para los próximos cuatro años, distribuidos en una serie de áreas de gestión relacionadas con convergencia regional, transformación productiva y acción climática, Seguridad Humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, así como ordenamiento del Territorio alrededor del agua.
Sin embargo, la discusión en los plenos de ambas corporaciones legislativas tiene varias alertas tempranas prendidas, no solo en cuanto al norte ideológico y programático de una norma que está llamada a ser la hoja de ruta del cuatrienio gubernamental, sino especialmente por la existencia en el articulado de una serie de propuestas controvertidas (denominadas ‘micos’ en la jerga parlamentaria), cuya aprobación podría dar pie a una posible expropiación de tierras, un alud de facultades que le permitirían al Presidente reglamentar temas de alto calado sin la intermediación del Congreso, así como viabilizar una nueva sobrecarga tributaria, traslados presupuestales antitécnicos, reformas burocráticas sin mayor soporte e, incluso, fijar e implementar unilateralmente políticas que requieren, por su naturaleza, el concurso de las tres ramas del poder público.
La prevención es mayor en la medida en que las plenarias apenas tendrán unos pocos días para estudiar, aprobar o rechazar el largo articulado. Esto porque la normatividad indica que el 7 de mayo, es decir el próximo domingo, vence el plazo para que el Congreso le dé visto bueno a la iniciativa. ¿Seis días son suficientes para dar un debate serio, profundo y concienzudo a un proyecto de esta importancia? La sana lógica indicaría que no.
Sin embargo, en perspectiva ese no termina siendo el problema más grave. En realidad, lo que más preocupa es que el mandato constitucional de la planeación, establecido por la Carta del 91, y cuya máxima expresión normativa es, precisamente, el Plan de Desarrollo nacional, se ha ido relativizando e incluso desfigurando desde hace algunos años.
En su definición más básica y oficial, la planeación institucional se traduce en la toma de decisiones basadas en conocimiento previo para controlar las acciones presentes, encaminadas al logro de un objetivo deseado y satisfactorio, y prever sus consecuencias futuras. De esta forma, al planear se trazan políticas, planes, programas y proyectos para fijar dentro de ellos la acción futura. Esto debe llevar a que sea más eficiente y eficaz la gestión del Estado como agente promotor de la dinámica del desarrollo, calidad de vida y la optimización del gasto público.
Sin embargo, como se alertó, ese objetivo se ha ido desfigurando en Colombia cada vez más. Los Planes de Desarrollo son vistos casi que como un calco del programa de gobierno del candidato ganador en las urnas, dejando por fuera y casi que descartando las propuestas e ideas de aquellos con los que compitió por la Casa de Nariño. Esta deficiencia estructural es más grave cuando, como en el caso del actual mandatario, apenas si obtuvo setecientos mil votos más que su adversario, lo que significa que un 47% de los electores no apoyó sus tesis y, por ende, no se ve reflejado en los énfasis y metas del Plan en discusión, más aún porque este ha sido señalado por distintos sectores nacionales como marcado por una excesiva ideologización de izquierda que no responde al mapa ni el espectro político imperantes.
A ello se suma que el concepto de planeación pierde su esencia cuando cada Plan de Desarrollo, lejos de identificar y valorar las políticas de largo plazo del gobierno antecesor que merecen ser continuadas, termina convertido casi que en una antitesis de la hoja de ruta de la administración saliente. No hay, pues, vocación de metas más allá de los periodos cuatrienales ni mucho menos planificación con sentido complejo y estructural. Se cae, por el contrario, en que cada cuatro años el norte del país varía y el lesivo cortoplacismo prima. Nada más alejado de las bases de los Estados más avanzados en materia de desarrollo político, económico, social e institucional.
Es apenas obvio que en este proyecto de Plan, que comienza hoy su debate y debe estar aprobado en el insólito plazo de seis días por las plenarias, que apenas si llevan una semana de conocer la ponencia, esa falencia de fondo no será corregida. Sin embargo, sí es hora de abrir una discusión seria sobre qué tanto el mandato constitucional de la planeación se cumple en Colombia y cuáles son los correctivos que urgen para volver al espíritu originario que se le asignó desde la constituyente.