+ La propuesta de la SAC a presidenciables
* Seguridad alimentaria, el eje estratégico
Dentro de las muchas lecciones aprendidas que ha dejado la pandemia de covid-19 en los últimos dos años y medio de emergencia sanitaria global es que los países deben hacer de la seguridad alimentaria un asunto de seguridad nacional estratégica. En el caso colombiano, por ejemplo, es innegable que la forma en que el sector agropecuario y de abastecimiento de alimentos y demás víveres continuó funcionando en medio de esa crisis terminó siendo un elemento clave no solo para resistir el duro embate económico y social del coronavirus sino como motor de un rápido proceso de reactivación, así las cifras del primer trimestre de este año no hayan sido las mejores.
Pero ese no es el único reto para el sector agropecuario en los últimos dos años. Desde mediados de 2021 el aumento desaforado de la demanda mundial de materias primas así como el cuello de botella en el comercio internacional de las mismas, sobre todo en el transporte marítimo, empezaron a generar una escalada en los precios de los alimentos en todo el globo.
Ese repunte inflacionario se vino a agravar desde finales de febrero por cuenta de la invasión rusa a Ucrania, que no solo están entre los países más productores de alimentos y agroinsumos en todo el planeta, sino que también son jugadores de primer orden en el suministro de petróleo y gas a Europa y otras latitudes. Así las cosas, la profundización de este conflicto, que entró a su cuarto mes y no se ve una solución negociada a corto plazo, está impactando de forma sustancial las cadenas productivas y de suministro de alimentos básicos así como disparando los precios de los hidrocarburos, generando un incremento sustancial del costo de vida en la mayoría de los países, con graves consecuencias en materia social y económica.
Para hacer frente no solo a esta difícil coyuntura sino a problemáticas estructurales en materia de desarrollo rural es necesario que los gobiernos aboquen estrategias de fondo y de largo plazo. Es allí en donde resulta primordial para nuestro país que los dos candidatos presidenciales que este domingo clasificaron a segunda vuelta analicen la propuesta de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) en torno a las que podrían ser las bases de una política de Estado, estructural y de enfoque transversal, para implementar en el próximo gobierno con el fin de desarrollar el campo.
Son tres los pilares de la política pública planteada por dicho gremio. En primer lugar se formula un plan de acción para garantizar la seguridad alimentaria. Esto se lograría aplicando criterios que den certeza jurídica a la propiedad rural, impulsen el crédito y aseguramiento agropecuario, aterricen una política nacional de insumos y permitan una producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable económicamente. La segunda estrategia se basa en la dotación del campo de bienes públicos sectoriales y presupuesto, para lo cual es imprescindible la inversión de recursos en vías terciarias, seguridad, conectividad digital, distritos de riego, titulación de tierras y fortalecimiento de las entidades públicas, así como un mejor aprovechamiento de los dineros de las regalías y el sistema general de participaciones.
Por último pero no menos importante, es imprescindible confeccionar una política rural de largo plazo e institucionalidad agropecuaria. Esto se logra poniendo en marcha programas y medidas de largo aliento, impulsando la competitividad sectorial, facilitando al acceso a los mercados internacionales, la masificación de la sostenibilidad ambiental, redoblando la lucha contra la pobreza y la garantía del acceso a la alimentación. Para alcanzar el objetivo es imperativo diseñar e implementar los mecanismos legales y espacios de participación que coordinen esfuerzos oficiales, gremiales y de los productores de base.
No es la primera vez que se habla de una política estructural para desarrollar el campo y aumentar tanto su productividad y rentabilidad como la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, que continúan siendo los más afectados por la inequidad y pobreza. De hecho, el año pasado el saliente Gobierno anunció que se construiría un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que contemplara una completa agenda de desarrollo rural integral para los próximos años. Es necesario establecer cómo va ese proceso.
Mientras tanto, sería muy útil para el país que los dos candidatos presidenciales que siguen en competencia analicen la propuesta de la SAC y le den una respuesta puntual y realista. Es evidente que Colombia tiene mucho potencial agropecuario pero una parte está desaprovechado y otro no cumple los criterios de desarrollo sostenible y de rentabilidad social y económica. Las campañas tienen la palabra.