* Difícil viabilizar una reforma tributaria territorial
* Billonarias pérdidas por contrabando de cigarrillos
Una de las peticiones más reiteradas de gobernadores y alcaldes a los últimos gobiernos ha sido, precisamente, la necesidad de una reforma tributaria territorial, ya que las finanzas de los departamentos y municipios son cada vez más exiguas, al punto que hay una excesiva y creciente dependencia de las transferencias presupuestales del Gobierno Nacional Central, incluyendo las regalías, que para este año y el próximo superarán los 31 billones de pesos.
De hecho, la Federación Nacional de Departamentos advertía semanas atrás que el 45% de estas jurisdicciones vive del impuesto al consumo de licores y cigarrillos.
Pese a que no es un tema menor, que incluso se agravó el duro impacto de la pandemia, los últimos gobiernos no han cumplido sus promesas de avanzar una reforma impositiva a nivel seccional y local. Incluso, en la actual administración, los mandatarios departamentales y municipales tenían conversaciones avanzadas con el anterior Ministro de Hacienda y ahora deberán iniciar otras con su reemplazo, posesionado el pasado lunes.
Entre tanto la situación es cada vez más delicada. De hecho, en su último comentario económico el centro de estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) daba cuenta de la necesidad de fortalecer las finanzas territoriales, recalcando que la diversificación de las fuentes de ingresos de los departamentos constituye una enorme oportunidad para apalancar sus programas sociales y planes de desarrollo. Solo así estos entes podrán avanzar en la consolidación de su autonomía frente a las transferencias del gobierno central.
En orden de ideas, la Anif indicó que los potenciales ingresos provenientes de avanzar en una mayor uniformidad en las condiciones de entrada de nuevos fabricantes de licores, se erigen como una oportunidad para mejorar las arcas regionales y podría convertirse en una importante fuente de recursos en el mediano plazo.
Obviamente estamos ante un tema muy complejo, toda vez que los colombianos han visto activar en los últimos años sucesivas reformas tributarias (la última entró a regir este año y recaudará más de 80 billones de pesos). Si bien estas son del orden nacional, al fin y al cabo, terminan impactando a toda la población. En ese orden de ideas debe analizarse con mucho detenimiento si es viable, sobre todo en un año de drástica descolgada de la economía, seguir aumentando la ya de por sí drástica sobrecarga impositiva.
Al decir de los analistas los déficits fiscales regionales combinan entre sus causas principales la caída de ingresos, las pérdidas acumuladas por los sistemas articulados de transporte masivo, el aumento de la informalidad empresarial y laboral, el enfriamiento de la actividad productiva e incluso una economía subterránea e ilícita cada vez más extendida.
Entre las soluciones planteadas está la de un combate más efectivo a la evasión y elusión tributarias. Y en ese marco, es evidente que uno de los temas más complejos y costosos en materia de ingresos no percibidos es el contrabando de cigarrillos.
Una investigación de la Federación de Gobernadores, dada a conocer semanas atrás, advertía que los 32 departamentos y el Distrito Capital dejaron de recaudar en 2022 cerca de 909 mil millones de pesos por concepto del impuesto al consumo de cigarrillos. Con esto se calcula que en los últimos cinco años la pérdida de recursos por este flagelo asciende a más de tres billones de pesos.
No es un delito menor el que se está enfrentando. La misma investigación señaló que 34 de cada 100 cigarrillos consumidos en Colombia son de contrabando. Esto significa que los gobiernos seccionales dejan de recibir millonarias sumas que deberían invertir en salud, educación, vivienda, subsidios y desarrollo territorial.
Pero no es el único problema: estas mafias del contrabando de cigarrillos tienen vasos comunicantes muy fuertes con grupos ilegales armados y, además, son un factor de corrupción.
Obviamente, si se redoblaran las acciones de las autoridades aduaneras y de la Fuerza Pública para combatir con más efectividad el contrabando de cigarrillos, los departamentos verían incrementar sus ingresos de forma gradual y sostenible. Pero esta no es una labor fácil ni automática, como no lo son tampoco las gestiones que se realizan a nivel nacional para atacar la billonaria evasión del IVA y otros tributos.
Visto todo ello, si bien hay coincidencia en que se requiere una reforma tributaria a nivel territorial, llevarla a cabo es un proceso muy complejo desde los aspectos políticos, económicos, sociales, institucionales, gremiales e incluso electorales, ya que en octubre hay comicios regionales y muchos partidos no querrán darse la pela de dar vía libre, desde el Congreso, a más impuestos en los niveles departamentales y municipales.