No deja de sorprender que a estas alturas de la segunda década del siglo XXI, la construcción de algunas vías de gran importancia para el país todavía esté paralizada porque las comunidades por cuyas zonas pasarán las autopistas no logran consensos alrededor de las implicaciones de los corredores vehiculares.
Es claro que por mandato constitucional las comunidades que se ven impactadas por una nueva carretera tienen que ser consultadas al respecto y sus opiniones tenidas en cuenta a la hora de definir varios temas clave de las obras. Eso está bien, pero sin duda alguna este mecanismo se ha vuelto engorroso con el pasar de los años.
Si bien se han expedido normas para hacerlo más rápido, todavía se presentan proyectos viales cuyos cronogramas se ven paralizados por meses e, incluso años, ya que los líderes y comités de los núcleos poblacionales por donde cruzarán las vías no logran ponerse de acuerdo para dar los vistos buenos o, lo que es peor, terminan viendo este mecanismo de socialización del impacto de las obras de infraestructura como una oportunidad para presentar múltiples peticiones sobre las necesidades de la comunidad, que si bien son válidas y el Estado debe ponerse al frente de su solución, no tienen relación directa de causalidad con las obras que se van a construir. Tampoco faltan los brotes de oportunismo de algunos líderes civiles, sobre todo en épocas electorales.
A finales del año pasado se expidió la llamada Ley de Infraestructura cuyo objetivo principal es, precisamente, resolver todos los problemas de predios, redes de servicios públicos, licencias ambientales y conflicto con los títulos mineros, que paralizan algunos proyectos viales de orden nacional, regional y hasta local. La idea no es acabar de manera atropellada los ‘cuellos de botella’ que paralizan la construcción de vías, puentes y otras obras de infraestructura vial, sino dotar a las entidades oficiales, los concesionarios, los particulares y las propias comunidades de mecanismos de solución de diferencias equilibrados y, sobre todo, expeditos.
Esa norma se considera clave para el arranque de todo el paquete de proyectos de infraestructura este año, especialmente la nueva red de Autopistas de la Prosperidad y las concesiones de Cuarta Generación. No hay que olvidar que se trata, en total, de alrededor de medio centenar de obras clave, con un presupuesto que supera los 50 billones de pesos.
Pero, como se dijo, también debe operar aquí un cambio de mentalidad en las comunidades. Una vía es oportunidad de progreso, de nuevos negocios, acceso a mercados, destinos turísticos… Es claro que hay impactos negativos que se deben amortiguar y neutralizar, pero a la larga son más los beneficios que las afectaciones. Mientras ello no lo entiendan esos núcleos poblacionales, por más ley que haya y voluntad de consenso en el Gobierno y los concesionarios, será difícil la titánica tarea de superar el atraso vial que aún persiste en muchas regiones.