* Aumenta el riesgo de cortes en energía y agua
* Pese a campanazos, al Gobierno le faltó celeridad
Desde mediados del año pasado, cuando se oficializó que el fenómeno del Niño se presentaría hacia el final de 2023 y tendría su fase más crítica en el primer trimestre de 2024, se han multiplicado, semana tras semana, los campanazos sobre el riesgo creciente de un desabastecimiento de energía eléctrica y agua.
Aunque el Gobierno lanzó sendas estrategias al respecto, destinando recursos de contingencia y tomando otras medidas de corte administrativo y reglamentario, lo cierto es que hoy el país se enfrenta al peligro de una afectación del suministro de energía eléctrica y agua potable, producto de una temporada seca que fue muy intensa, caracterizada, además, por un incremento en la demanda de ambos servicios debido a las altas temperaturas.
Paradójicamente los expertos señalan que El Niño no terminó siendo tan drástico como se pronosticaba. De hecho, ya está en la etapa de debilitamiento, lo que se dará a lo largo de este abril. Hacia finales de mes y sobre todo en mayo, según el Ideam, comenzará en firme la primera temporada invernal, sin que por ahora los modelos de predicción meteorológica permitan vislumbrar si se igualarán los promedios históricos en cuanto a lluvias. Existe algo de optimismo al respecto, en gran parte por las crecientes probabilidades de que a partir de septiembre se registre un fenómeno de la Niña -que se caracteriza por alta pluviosidad y bajas temperaturas-. El periodo de incubación de esta nueva contingencia climática favorecería el fin más rápido de la etapa de sequía.
Pero mientras eso ocurre, hay que preocuparse por el aquí y ahora. El escenario es complicado. De un lado, pese a las lluvias y aguaceros de los últimos días el nivel de los embalses está en un promedio de 31%, apenas cinco puntos por encima del límite de escasez crítica, lo que afectaría todo el esquema de generación hidroeléctrica e impactaría de manera sustancial el ya de por sí encarecido esquema tarifario. A ello se suma, que la demanda de energía -en buena parte impulsada por un mayor uso de los aires acondicionados y las cadenas de frío- aumentó en 8,3%. En varios centenares de municipios, cuyos acueductos se surten de ríos, quebradas y represas, ya se registran racionamientos del vital líquido, en tanto que los sistemas de riego de cultivos y adecuación de tierras funcionan a media marcha.
Gremios de los servicios públicos como Andesco así como del sector de los generadores, comercializadores y distribuidores de energía coincidieron en esta última semana en que la situación es preocupante y el peligro de racionamientos parciales asoma cada día más. Han planteado un plan de choque que debería contener medidas como una campaña de concientización pública audaz para promover el uso racional de agua y luz, aumentar el aporte de las termoeléctricas, suspender la venta de energía a Ecuador, acelerar el cronograma de Hidroituango y comprar excedentes de energía al sector privado.
Al mismo tiempo, se le exige al Gobierno acabar de una vez por todas con la parálisis de la Comisión Reguladora de Agua y Gas (CREG), producto de la demora en la designación de los delegados del Ejecutivo. Para los gremios y demás actores del sector energético y gasífero, los bandazos oficiales en las políticas en este campo han generado peligrosos vacíos normativos y tarifarios, aumentando de paso la incertidumbre sobre estabilidad de mercado, proyección de inversiones y blindaje a la capacidad instalada de generación y distribución de ambos servicios a corto, mediano y largo plazos.
El problema es que algunas de estas medidas no se pueden implementar de un día para otro. Requieren procesos administrativos y reglamentaciones. De igual manera, la interinidad de la CREG no se solventará automáticamente. A esto debe adicionarse que, si bien ya comenzó a llover en algunas zonas del país, la recuperación del nivel de los embalses tardará dos meses, en el mejor de los casos.
Frente a todo ello, crecen las críticas al Gobierno y en especial al ministerio de Minas y Energía. Aunque desde esas esferas se insiste en que no hay riesgo inminente de racionamientos y que sí se han tomado las medidas preventivas del caso, los gremios y expertos replican que hubo demasiada pasividad y un exceso de confianza en el Ejecutivo.
Así hoy se adopte un plan de choque, los resultados no serán inmediatos, exponiendo al país, la ciudadanía y el sector productivo al peligro de interrupciones en los servicios públicos. Incluso hay congresistas de la oposición y la franja independiente que acusan a la Casa de Nariño de andar imbuida en debates ideologizados sobre el sector minero-energético, en lugar de haberle puesto la atención requerida a la amenaza real que implicaba el impacto del fenómeno del Niño. En otras palabras: pese a los múltiples campanazos semana tras semana, primó la sordera gubernamental, como en tantos otros flancos de crisis en el país.