Si bien es cierto que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) actúa dentro de la lógica al imputar a ocho antiguos integrantes del ‘Comando Conjunto de Occidente’ o ‘Bloque Occidental’ de las extintas Farc por múltiples delitos, no por ello se puede dejar de lado que el ritmo de los procesos en esta instancia de justicia transicional continúa siendo muy lento.

Para nadie es un secreto que los ocho cabecillas guerrilleros son responsables, como lo afirma el auto de la JEP, de crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidio, violación sexual, tortura, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos, así como de crímenes de lesa humanidad por otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, violencia sexual, tortura, y distintos actos inhumanos cometidos de manera concurrente a los secuestros que esta estructura cometió entre 1993 y 2016. Entre los hechos violentos de mayor impacto nacional cometidos por estas facciones insurgentes está el secuestro de los doce diputados del Valle en abril de 2002, la mayoría de los cuales terminaron siendo asesinados a sangre fría en junio de 2007 por sus propios captores, cuando creyeron que había un operativo de rescate por parte de la Fuerza Pública.

Se trata, en consecuencia, de la tercera imputación, y la segunda regional, que hace la JEP en el llamado “Caso 01”, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.

Como se sabe, desde distintos sectores políticos y sociales del país se ha criticado de forma recurrente el tiempo extenso que se toman los casos en la justicia transicional, al punto, por ejemplo, de que a estas alturas todavía no se ha producido la primera condena en firme contra la cúpula de la organización desmovilizada parcialmente en 2016. Esto último porque a hoy es claro que un contingente significativo se quedó por fuera del acuerdo de paz (disidencias) y otra parte de reinsertados terminó volviendo a delinquir (reincidencias).

Como si fuera poco, los congresistas del partido político derivado de las exFarc ya llevan más de cinco años y medio en el Congreso, con curules automáticas que se le otorgan obligatoriamente pese a su ínfima votación. Esa gabela para participar en política bajo condiciones especiales es por ocho años, de los cuales ya corrió más del 65%. A este ritmo van a completar los dos periodos parlamentarios sin que se haya producido una sola condena, así esta no implique cárcel.