* Urge un marco normativo que equilibre derechos
* Exigir estudios técnicos y estimativos de afectación
A contrarreloj los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se eligieron el pasado 29 de octubre ultiman los preparativos para su posesión el próximo 1 de enero. Entre las urgencias alrededor de temas como la inseguridad, el desempleo, los déficits fiscales y el impacto del fenómeno climático de ‘El Niño’, no pocos mandatarios electos de ciudades capitales e intermedias, así como de municipios grandes tienen previsto hacer reformas o imponer por primera vez restricciones al tráfico vehicular, normas comúnmente conocidas como ‘Pico y Placa’.
Es innegable que los alcaldes están facultados constitucional y legalmente para adoptar este tipo de medidas de regulación de tráfico. Es más, hay suficiente jurisprudencia de jueces, tribunales e incluso de las altas Cortes en donde se avala la competencia de los mandatarios locales para restringir la circulación de vehículos automotores en aras de agilizar la movilidad vial y ciudadana, disminuir los índices de polución, dar prioridad a los sistemas de transporte masivo e incluso cuando la construcción de obras obliga a cerrar calles y avenidas.
También existen fallos que niegan demandas y acciones de tutela mediante las cuales los propietarios de vehículos alegaban violación de sus derechos, empezando por los de locomoción, pasando por los del trabajo y estudio e incluso causas en donde se pedía rebajar los impuestos vehiculares, sobretasas, seguros y otros requerimientos de ley, esto bajo la tesis de que la circulación de los automotores estaba limitada.
Pese a todo ello, es claro que la expansión de este tipo de medidas de restricción al tráfico vehicular, que abarcan desde la prohibición para que se circule en determinados horarios y días, la extensión de ciclorrutas hasta las decisiones de peatonalización temporal o permanente de algunas vías, requieren un marco legal nacional más preciso y eficaz. La discrecionalidad y autonomía de los alcaldes en la materia necesita unas directrices de orden general, ya que esto garantiza que las medidas que se adopten tengan un blindaje jurídico más fuerte (lo que protege el erario ante eventuales demandas de particulares) y permite también a la ciudadanía, empresas, sector privado, transportadores, propietarios de vehículos y la población en general tener claro un mapa de derechos y deberes al respecto.
Incluso, algunos expertos ya han planteado que se estandarice un manual de procedimiento para autorizar la imposición o la reforma al ‘Pico y Placa’, de forma tal que siempre se sustente en criterios técnicos y objetivos. En ese orden de ideas, las administraciones municipales deberían presentar estudios que contengan un mínimo de requisitos en cuanto a la pertinencia de la regulación del tráfico automotor que plantean, estimativos de impacto multisectorial, así como las alternativas de movilidad que se activarán para que la ciudadanía y el sector privado puedan adaptarse a la regulación del tráfico automotor sin sufrir una afectación insuperable. Una instancia del Ministerio del ramo debería dar su respectivo aval o el Concejo municipal.
De igual manera, como lo han advertido algunos alcaldes en semanas recientes, ese marco legal debe servir para que se establezcan normas de acompasamiento regional de este tipo de medidas entre municipios y ciudades vecinas. Hoy es claro que ante la escasez de tierra para construir viviendas en grandes centros poblados o su alto precio, los proyectos de urbanización se han ido trasladando a zonas de periferia o de jurisdicciones limítrofes. Igual ocurre con muchos parques industriales, universidades y centros de eventos que se establecen en las afueras de las capitales, ciudades intermedias y cabeceras municipales. En estos casos, si bien es necesario respetar la autonomía funcional de cada mandatario local, debe existir una normatividad que lleve a que las restricciones en el tráfico automotor se complementen o coordinen de una jurisdicción a otra. De lo contrario, la afectación socioeconómica es muy alta.
Visto todo lo anterior, bien haría el Ministerio de Transporte en abrir un debate nacional en pos de una ley general para los ‘Pico y Placa’. En la construcción de dicho marco normativo debe convocarse no solo a los alcaldes y gobernadores, sino también a las empresas, instituciones educativas, sector transportador, gremios y los rubros de generación de productos, bienes y servicios. Una vez construida una propuesta base, esta debe ser llevada al Congreso para que se le dé una discusión amplia y profunda, dado que se trata de un asunto de alto impacto en la opinión pública. Es claro que se necesitan reglas del juego para esta clase de restricciones, de lo contrario las medidas seguirán tomándose de forma discrecional y, peor aún, caprichosa.