Lamentable y grave. Así se puede calificar lo que ha venido pasando en RTVC, la entidad que maneja el sistema de medios de comunicación públicos en Colombia. El último capítulo fue la intempestiva salida de su directora Nórida Rodríguez, a quien, al cierre de la semana pasada le pidieron desde la Casa de Nariño su renuncia, —al parecer— por sus afirmaciones durante una entrevista radial en la que hizo frente a las críticas sobre presuntas anomalías en contratación, una ola masiva de despidos y enganche de personal así como las controversias sobre la politización de la información que se emite en los canales oficiales de radio y televisión.
Como se sabe, la Procuraduría ya tiene sendas investigaciones abiertas al respecto, en tanto que la Contraloría y la Fiscalía también estarían adelantando pesquisas alrededor de lo que ha venido ocurriendo en estos veinte meses en esa entidad, que maneja un presupuesto millonario. Los señalamientos también incluyen presuntas acciones de acoso laboral, sospechas de direccionamiento de licitaciones y contratación directa así como un pulso de poder entre Rodríguez y el segundo al mando, el periodista y exconcejal petrista Hollman Morris, quien suena como el más seguro nuevo titular de RTVC. De igual manera, se habla de un clima laboral interno muy tenso, con filtraciones a toda hora y una presunta intención de desvincular a los funcionarios o contratistas que vienen del pasado Gobierno.
Dada la importancia de la red de medios de comunicación públicos y, teniendo en cuenta la premisa de que los mismos están al servicio del Estado y no de las administraciones de turno, es imperativo que los entes de control aceleren las investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ya que las denuncias y réplicas de las últimas semanas y días indican que se podrían estar presentando desde graves infracciones administrativas hasta actuaciones delictivas.
Urge, igualmente, que la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño se pronuncie al respecto y eleve, como lo hizo en el caso de las anomalías en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -aunque de forma tardía-, las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. No puede esa instancia presidencial mantenerse en silencio ante la gravedad de los escándalos y ‘sacada de trapitos al sol’ que se está registrando antes y después de la renuncia a Rodríguez. Las acusaciones sobre la mesa ameritan la apertura inmediata de expedientes. No hacerlo, rayaría en el riesgo de omisión de denuncia y prevaricato por omisión, conductas contempladas en el Código Penal respecto de los funcionarios públicos.