* El proceder autoritario del régimen Ortega
* La comunidad internacional no puede ceder
La decisión del régimen autoritario de Nicaragua en torno a excarcelar 222 presos políticos y proceder a expulsarlos hacia Estados Unidos debe ser recibida con cautela.
Obviamente resulta positivo que tras casi cuatro años de presiones internas y externas por fin el régimen de Daniel Ortega haya cedido, en alguna proporción, a las exigencias de liberar opositores a su gobierno dictatorial. De hecho, por la violación manifiesta de derechos humanos dicha nación centroamericana tiene vigentes sanciones políticas, económicas y diplomáticas por parte de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otras instancias trasnacionales.
En ese orden de ideas, esta medida unilateral del cuestionado mandatario, en el poder desde 2007, no se puede considerar como un acto de contrición por la multiplicidad de atropellos que ha cometido contra sectores políticos, económicos, periodísticos, eclesiásticos, sociales y de organizaciones no gubernamentales.
Tampoco se puede perder de vista que la mayoría de los presos políticos fueron procesados en el marco de una legislación abiertamente ilegal que tachó de traidores a la patria a todos aquellos que se oponen a que se continúe perpetuando en el poder Ortega, su esposa y hoy vicepresidenta, así como su funesto sanedrín, enquistado en las cúpulas de las tres ramas del poder público, dando lugar a un aparato estatal totalmente cooptado por el autoritarismo.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que una parte de los liberados y expulsados fueron apresados tanto en el marco de las protestas populares de 2018 -violentamente reprimidas por las fuerzas oficialistas- como en medio de la campaña presidencial de 2021, una contienda electoral abiertamente espuria ya que el régimen ordenó el encarcelamiento de los candidatos y principales rivales políticos, ilegalizó partidos, censuró la prensa, apresó varios de sus directivos y desató una escalada de acciones de represión contra las protestas populares que exigían la salida del dirigente exsandinista.
Por otra parte, el hecho de que estos 222 presos políticos hayan sido expulsados automáticamente de su propio país no solo resulta una medida inédita, incluso en regímenes dictatoriales, sino que constituye una grave violación a los derechos humanos más básicos. Literalmente, están siendo desterrados. Una prueba más de que el régimen autoritario no está cediendo a las presiones para el retorno a la democracia y la convocatoria de elecciones libres y transparentes. Por el contrario, lo que se trasluce en esa decisión es que Ortega quiere tener lo más lejos posible a sus contradictores, en busca de disminuir las crecientes presiones internas.
Más reprochable es que el régimen autocrático, en un proceder absolutamente abusivo y dictatorial, les haya retirado la nacionalidad de nicaragüenses de por vida a estas 222 personas. En otras palabras, del encarcelamiento ilegal los presos políticos salieron hacia el destierro y la apatridia. Este último término, acorde con el derecho público internacional, se configura cuando “una persona no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”.
Como se ve, si bien hay que valorar que más de dos centenares de presos políticos en Nicaragua hayan recobrado su libertad e incluso ya estén amparados en un tercer país, no hay nada que aplaudirle al régimen de Ortega.
Por el contrario, hay que mantener la presión internacional y las sanciones. Esto porque, como bien lo advirtieron ayer varias instancias de la comunidad internacional, aún quedan tras las rejas decenas o centenares de presos políticos, de cuya suerte no se sabe nada. Incluso sus familiares y varias organizaciones no gubernamentales y derechos humanos insisten en que están aislados, sin derecho a la defensa, procesados por una justicia cooptada y víctimas de una violación sistemática de sus garantías más fundamentales.
Nicaragua, al igual que Cuba y Venezuela, es un gobierno autoritario. La comunidad internacional no puede dejarse engañar. No está planteando el régimen un diálogo con la oposición ni tampoco contempla dejar el poder, ni mucho menos someterse a unas elecciones libres y transparentes. Por el contrario, Ortega, su esposa y compañía se atornillan aún más en el poder día tras día, acudiendo a la represión política, económica, judicial e institucional de todo factor de contradicción. Una estrategia dictatorial a la que ahora suman dos nuevas y peligrosas ‘armas’: el destierro y la apatridia.