*La progresividad tributaria
*El campanazo de Perry
En medio de un panorama fiscal apretado por cuenta de la descolgada de los precios del petróleo, no son pocos los analistas que consideran que en vista de que el abaratamiento del barril de crudo parece ir para largo, entonces Colombia tiene que empezar a vislumbrar una estrategia de mediano y largo plazos que contemple un menor peso dentro de las finanzas públicas de las divisas, impuestos y regalías derivadas de la industria de los hidrocarburos. Ya el Gobierno dio un primer paso al anunciar un aplazamiento de gastos e inversión en 2015 por un monto de seis billones de pesos. Igualmente, el Plan Nacional de Desarrollo también contempla una disminución de 17 billones para el cuatrienio. Asimismo, se reactivó el proceso de venta de Isagen, en tanto que se analizan otras alternativas de ajuste y ahorro que permitan amortiguar el impacto por la menor rentabilidad petrolera, que en el mejor de los casos podría acercarse a los nueve billones de pesos este año. El reciente informe de ejercicio de Ecopetrol en 2014 ya confirma la dimensión de la caída en los ingresos de la Nación, en tanto que varios pronósticos advierten que habrá un efecto transversal negativo sobre la economía real que aún es difícil de cuantificar pero no puede ser menospreciado.
En medio de ese panorama, entonces, ya hay quienes consideran que la solución más inmediata está en la reforma tributaria estructural que asoma en el horizonte y en pos de la cual se instaló días atrás la llamada “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria”, compuesta por nueve especialistas que deberán estudiar y asesorar al Gobierno y el Congreso, sobre los ajustes que deben hacerse a la estructura impositiva con miras a tener prontamente un sistema moderno, eficiente, progresivo y equitativo.
Precisamente uno de los integrantes de esa instancia, el exministro Guillermo Perry, delineaba en entrevista dominical con este diario algunos de los marcos de referencia que deben tenerse en cuenta para esa reforma. Llamó mucho la atención el campanazo que dio en torno de que el principal objetivo de la reforma era generar mayor equidad en el pago de los impuestos y que, por lo mismo, “quienes más tengan, pongan más”. Y en ese orden de ideas, el exministro recalcó que no se le pueden seguir cargando más obligaciones tributarias a las empresas, ya que por esa vía se corre el riesgo de “matar la gallina de los huevos de oro”.
La advertencia de Perry no debe caer en tierra infértil. Los estudios continentales evidencian que el nivel de tributación empresarial en Colombia es de los más altos de la región así como entre los países que se han clasificado como economías emergentes en todo el globo. Cometería un gran error el país al creer que aumentando la carga impositiva al sector productivo se podrían enderezar los marcos fiscales de mediano y largo plazos. Aunque para la galería sea “políticamente correcto” que las empresas tributen más, lo cierto es que la ortodoxia económica moderna ha terminado por demostrar que esta salida, además de facilista y efectista, es contraproducente porque tiene un impacto negativo en la generación de empleo, crea un clima de inseguridad jurídica que desacelera la atracción de inversión extranjera y de capitales de trabajo, y, por último, golpea los indicadores de manufactura, producción industrial, ventas del comercio y niveles de consumo en los hogares…
Es claro que debe sincerarse, ampliarse y modernizarse la base de personas jurídicas y naturales que pagan impuestos, como también que cualquier ajuste en este campo debe encajar con los principios de equidad y progresividad tributaria. E igualmente, tiene que redoblarse el combate a la evasión y elusión, que son una vena rota cuantiosa y mutante. Pero en medio de todo ello no puede perderse de vista que la descolgada petrolera tiene un efecto global y Colombia debe proteger su aparato productivo lo más posible ante un clima internacional que se avizora accidentado, por lo menos este año y el 2016. Así las cosas, las modificaciones que se propongan al impuesto sobre la renta, el IVA, el desmonte de exenciones y la estructura impositiva regional y local, entre otros cambios, deben propender por no recargarse única y exclusivamente en la rentabilidad empresarial. Ya otros países, esquivando la premisa de que el ajuste les toca a todos y cada quien debe sacrificar en proporción a sus capacidades y patrimonio, optaron por ahogar al sector privado a punta de impuestos y la catástrofe no tardó en aparecer.