* Reforma laboral destruiría 450 mil empleos
* Las advertencias de Comité de Regla Fiscal
Es evidente que el marcado ambiente de polarización política enrarece el debate a las principales reformas que impulsa el Gobierno, más aun estando a seis meses de las urnas. Si bien gremios, sector privado, academia y expertos se han esforzado por poner sobre la mesa análisis objetivos y ponderados en cuanto a las ventajas y desventajas de las modificaciones a los regímenes pensional, laboral y de salud, parte de sus sustentadas posturas se han estrellado con ese escenario en el que temas cruciales se miran bajo la borrosa lupa del mayor o menor grado de afinidad o contradicción con los lineamientos de la Casa de Nariño o con la aún más subjetiva y caprichosa óptica de si hay intereses particulares de por medio.
Sin embargo, hay conceptos técnicos, especializados e imparciales que por más que algunas instancias gubernamentales y parlamentarias intenten meterlos en ese remolino político para demeritar sus conclusiones, resulta imposible desestimarlos.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido esta semana. De un lado, el equipo de expertos del Grupo de Análisis del Mercado Laboral, que hace parte de la Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica Banco de la República, dio varios campanazos sobre la reforma laboral. Recalcó que, de aprobarse como se radicó, habría incrementos del costo laboral promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones por despidos injustificados. Para el primero, esos sobrecostos oscilarían entre 3,2 % y 10,7 % y, para el segundo, entre 1,2% y 1,9 %, dependiendo tipo y tamaño de las empresas.
Lo más preocupante es que, según los técnicos del Emisor, ese aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450 mil empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años, al tiempo que el incremento de los costos de despido podría tener un impacto en un horizonte más largo.
Un segundo campanazo lo dio el Comité Autónomo de Regla Fiscal, instancia integrada por cinco expertos en finanzas públicas (designados por el Ministerio de Hacienda) y dos de los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso.
Sobre el cambio en el régimen de jubilación, el Comité consideró positiva la eliminación del arbitraje entre regímenes pensionales, la disminución de subsidios a las mesadas altas, la ampliación de la cobertura y la creación del componente solidario para protección al adulto mayor. Sin embargo, urgió varios ajustes al articulado, empezando por reducir el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a un salario mínimo mensual (el proyecto lo tiene en tres), que se ahorre el 100% de las cotizaciones que pasarían del régimen de ahorro individual al de prima media, que no se utilicen los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios, y que se garantice que dicho fondo sea administrado profesionalmente. El Comité también urge que Gobierno y Congreso limiten los efectos adversos en términos de costo fiscal y arreglo institucional.
En cuanto al proyecto de salud, la instancia identificó cinco riesgos referentes a que el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto. También advierte que el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud y alertó sobre la insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones, entre otros aspectos.
Por último, en la misma semana en que hay un debate de alto calado por los mensajes cruzados en el Gobierno en torno a crear un precio diferencial para la gasolina, el Comité advierte que debe seguir reduciéndose el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), que llegó a 36 billones de pesos en 2022. En ese orden de ideas, recalca, de un lado, que los subsidios a los combustibles fósiles son los más costosos y regresivos a cargo de la Nación y, de otro, insiste en que reversar o suspender la política de aumento de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y de la regla fiscal, sino que desviaría recursos de otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios.
Como se ve, tanto lo señalado por los técnicos del Emisor como por el Comité de Regla Fiscal no se puede tachar de politizado o parcial. Son dos instancias especializadas, objetivas y apolíticas que no están imbuidas en el desgastante pleito gobierno-oposición. Es imperativo, por tanto, que Ejecutivo y Congreso tengan en cuenta estos argumentos especializados y corrijan en los respectivos articulados de los proyectos y las políticas oficiales lo advertido en estos campanazos de fondo. No hacerlo rayaría en la irresponsabilidad y el capricho.